Consejo de DD. HH. de la ONU investiga como “desaparición” caso de venezolano deportado a El Salvador
Un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) investiga como “desaparición” el caso de uno de los venezolanos deportados por el gobierno de Donald Trump a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
Según informó Univisión el pasado 11 de junio, Gabriella Citroni, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de este organismo, envió una carta al abogado de inmigración Martin Rosenow, quien representa a Franco José Caraballo. El venezolano fue expulsado en uno de los vuelos que partieron desde Texas el 15 de marzo.
En la misiva, Citroni notificó a Rosenow que el organismo había examinado el caso de desaparición de Caraballo y lo había remitido al gobierno de El Salvador.
"El Grupo de Trabajo expresó su deseo de que se llevaran a cabo las oportunas investigaciones para poder esclarecer la suerte y paradero de la persona desaparecida y proteger sus derechos", señala la carta citada por el medio estadounidense.
A finales de abril, el gobierno federal solicitó a un juez de inmigración desestimar la solicitud de asilo de Caraballo, argumentando que ya no se encontraba en Estados Unidos. El juez aceptó. Sin embargo, el abogado del venezolano aseguró que apeló esa decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, pero aún no ha recibido respuesta.
Rosenow relató a Univision Noticias que la última vez que se tuvo contacto con Caraballo fue la noche del 14 de marzo, cuando este llamó llorando a su esposa para informarle que sería deportado a Venezuela.
"No tenía idea de que lo iban a enviar a El Salvador. Cuando yo me entero de que lo habían montado en un avión el viernes, yo dije: 'No puede ser que lo estén deportando, porque él todavía tiene su proceso pendiente y no puede ser deportado legalmente sin tener una orden de deportación'", explicó el abogado.
En ese momento, Rosenow informó a la familia que Caraballo probablemente sería trasladado a otro centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero al buscarlo en el sistema de detenidos, no había ningún registro. Esa desaparición coincidió con las horas en que los vuelos ya estaban en camino a El Salvador.
Univision Noticias confirmó que, durante la más reciente sesión del grupo de la ONU —celebrada entre abril y mayo en Tailandia— se revisaron 125 casos de “desapariciones forzadas” en varios países, entre ellos El Salvador. En esa sesión, se entregó un informe situacional sobre las "deportaciones ilegales desde Estados Unidos" a ese país.
Además, el organismo recordó que en enero de 2024 había enviado al gobierno de Estados Unidos un documento con denuncias “alarmantes” sobre “desapariciones forzadas” de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, incluidos niños, mujeres y personas con discapacidad. Los afectados estaban bajo custodia de agencias federales como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), primer punto de contacto de los migrantes al llegar a la frontera.
"Los someten a detención sin comunicación por días, dejándolos sin la protección de la ley y de sus derechos fundamentales, sin asegurarse de que sus familias, representantes legales y otras personas con un interés legítimo tengan acceso a la información sobre sus destinos y paraderos", destaca el informe.
Hasta la fecha, ni el gobierno de Estados Unidos ni el de El Salvador han confirmado el paradero de Caraballo. Se presume que fue enviado al Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot) luego de que CBS News publicara, el pasado 20 de marzo, una lista con los nombres de inmigrantes trasladados desde EE. UU. a El Salvador.
Dos días después de la deportación, el gobierno presentó ante la corte de inmigración la planilla I-213, en la que argumentó que Caraballo era "miembro activo del Tren de Aragua", señalamiento basado en sus tatuajes. Esta banda fue designada como organización terrorista por el presidente Donald Trump.
Con esos elementos, Rosenow concluye que Caraballo fue expulsado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por Trump poco antes del despegue de los vuelos, lo que permitió la deportación sin un proceso judicial.
En su carta, el Grupo de Trabajo de la ONU aseguró que compartirá con Rosenow cualquier información que reciba del gobierno salvadoreño para que pueda ser transmitida a la familia de Caraballo.
Aunque Rosenow aún no ha podido comunicarse con Caraballo, asegura que no solo perdió la libertad, sino que está siendo sometido a un trato “penal injusto, inusual, casi que una tortura”.
En el caso de Caraballo, insiste el abogado, no se le permitió defenderse: en la planilla I-213 no se aportan pruebas más allá de sus tatuajes, y tampoco se le dio la oportunidad de rebatir las acusaciones ni oponerse a la deportación.
"Franco no tiene derecho a nada. No puede hablar con su familia, no tiene acceso legal, no puede defenderse de las acusaciones graves que han hecho sobre él. Franco está en tierra de nadie", concluyó Rosenow.
Fuentes: elcooperante
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