Amnistía Internacional denuncia un «alarmante» aumento de las ejecuciones en Arabia Saudí

Amnistía Internacional (AI) denunció en un informe publicado hoy el «alarmante» aumento de las ejecuciones en Arabia Saudí en los últimos dos años, especialmente en los delitos relacionados con drogas, que tienen un impacto muy elevado sobre los ciudadanos extranjeros.

Entre enero de 2014 y junio de 2025, casi un 33% de las 1.816 ejecuciones registradas en el país se dieron por delitos relacionados con drogas, pese a que este tipo de crímenes no deberían ser castigados con la pena capital según el derecho internacional, denuncia AI.

De las 597 personas ejecutadas en el reino árabe en los últimos diez años por este tipo de delitos, tres cuartas partes eran extranjeras.

El informe de AI denunció también el uso de la pena de muerte contra la minoría chií de Arabia Saudí, ya que si bien esta comunidad representa entre el 10% y el 12% de la población total del país, el 42% (120 de 286) de todas las ejecuciones relacionadas con el terrorismo entre enero de 2014 y junio de 2025 fueron de miembros de esta minoría religiosa.

Esto refleja la represión política que ejerce el gobierno contra esta comunidad, ya que la disidencia pacífica a menudo se procesa como terrorismo, según el análisis de la organización.

“El uso implacable y despiadado de la pena de muerte por parte de Arabia Saudí tras juicios manifiestamente injustos demuestra un escalofriante desprecio por la vida humana”, declaró Kristine Beckerle, directora regional adjunta de AI para Oriente Medio y el Norte de África.

“Estamos presenciando una tendencia verdaderamente aterradora: se ejecuta a extranjeros a un ritmo alarmante por delitos que jamás deberían conllevar la pena de muerte”, denunció Beckerle.

AI ha recordado que Arabia Saudí mantuvo durante 33 meses una moratoria sobre las ejecuciones por delitos de drogas, anunciada en enero de 2021 y levantada abruptamente en noviembre de 2022. Desde entonces, más de 260 personas han sido ejecutadas por estos cargos.

La organización denuncia que los jueces saudíes continúan aplicando la pena capital en casos “tazir”, es decir, delitos que la ley islámica no obliga a castigar con la muerte, utilizando su discrecionalidad para ello.

El informe advierte además de que los extranjeros afrontan dificultades estructurales para acceder a un juicio justo en el país árabe, incluyendo la falta de traductores, representación legal y apoyo consular.

AI ha documentado casos de detenidos sin acceso a sus expedientes judiciales, y al menos cuatro confesiones obtenidas bajo tortura durante la detención preventiva.

Por último, la ONG ha instado a Arabia Saudí a imponer una moratoria inmediata sobre todas las ejecuciones, con vistas a abolir por completo la pena de muerte, y reclama a sus aliados internacionales que presionen al reino para que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos.

EFE