ICE exige a propietarios datos de inquilinos extranjeros en nueva ofensiva para acelerar deportaciones

Las autoridades migratorias de Estados Unidos han comenzado a exigir a propietarios de inmuebles que entreguen información personal de sus inquilinos, como contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, identificaciones y direcciones de reenvío.

Esta medida ha generado preocupación entre abogados, defensores de derechos civiles y expertos legales, quienes advierten que podría tratarse de una nueva estrategia del gobierno de Donald Trump para acelerar las deportaciones.

Eric Teusink, abogado de bienes raíces en Atlanta, indicó que varios de sus clientes han recibido citaciones solicitando expedientes completos de los arrendatarios, incluyendo información sensible como historial laboral, estado civil y vínculos familiares.

Las citaciones, de dos páginas y firmadas por funcionarios de la unidad antifraude del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), no cuentan con la firma de un juez, lo que pone en entredicho su validez legal.

“Parece una expedición de pesca”, dijo Teusink, quien tras consultar con abogados de inmigración concluyó que los propietarios no están legalmente obligados a cumplir si la citación no cuenta con el aval judicial.

Preocupación por "violaciones a la privacidad"

Expertos advierten que cumplir con estas solicitudes podría violar la Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act), que prohíbe la discriminación por raza, color o nacionalidad. Además, alertan que muchos propietarios podrían sentirse intimidados por el lenguaje legal de las citaciones y entregar datos confidenciales sin notificar a los inquilinos afectados.

“El verdadero riesgo es el exceso de cumplimiento”, señaló Stacy Seicshnaydre, profesora de derecho en la Universidad de Tulane. “Una citación no firmada por un juez no significa que sea una orden legítima”.

Las citaciones revisadas por The Associated Press provienen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), específicamente de la dirección de detección de fraude del USCIS. Aunque no tienen fuerza judicial, advierten a los propietarios que podrían ser sancionados por desacato si no responden, una afirmación cuestionada por expertos legales.

Crece la tensión entre propietarios y arrendatarios

En ciudades como Los Ángeles y Boston, el tema ya ha generado tensiones. Anthony Luna, director de Coastline Equity —una empresa que gestiona mil propiedades— afirmó que varios gerentes han recibido inquietudes de inquilinos ante rumores sobre la participación de ICE.

“Si se trata de perseguir criminales, ¿por qué no utilizan órdenes judiciales o registros públicos?”, cuestionó Luna.

Jordana Roubicek Greenman, abogada inmobiliaria en Boston, también informó que uno de sus clientes recibió un mensaje de voz de un agente de ICE solicitando datos sobre un arrendatario. Ella recomendó no responder.

Un patrón que se remonta a la primera presidencia de Trump

El uso de citaciones administrativas por parte de ICE no es nuevo, pero expertos señalan que su uso aumentó significativamente durante el primer mandato de Trump, aunque solían estar dirigidas a agencias policiales, no a propietarios.

Lindsay Nash, profesora de derecho en la Universidad de Yeshiva en Nueva York, asegura que ICE puede hacer cumplir las citaciones, pero solo si obtiene la aprobación de un juez federal. Hasta entonces, los propietarios pueden rehusarse legalmente a cooperar.

“Muchos reciben estos documentos, los ven oficiales, se sienten presionados por el lenguaje legal, y terminan cediendo”, advirtió Nash, quien ha estudiado durante años el uso de estas tácticas por parte del gobierno.

Por ahora, la controversia sigue creciendo mientras abogados y defensores de derechos civiles urgen a propietarios e inquilinos a conocer sus derechos y actuar con cautela ante este tipo de solicitudes administrativas.

Fuentes: elcooperante