AN aprueba ley que allana la retirada de Venezuela de la Corte Penal Internacional

La Asamblea Nacional aprobó este jueves, en segunda discusión y sin votos en contra, la Ley Derogatoria del Estatuto de Roma, dejando expedito el camino para que Venezuela abandone formalmente la Corte Penal Internacional (CPI), organismo al que pertenece desde 2002.

Durante el debate Jorge Rodríguez, argumentó que la CPI se ha convertido en un “instrumento político” y que su actuación ha estado marcada por “parcialidad y subordinación a intereses extranjeros”. A su juicio, la decisión legislativa busca denunciar el “sesgo” del tribunal y la falta de respuesta a las denuncias que, según él, ha presentado el Estado venezolano.

El instrumento legal será remitido al presidente Nicolás Maduro para su firma y entrada en vigencia, que se concretará una vez aparezca en la Gaceta Oficial.

La acción parlamentaria se produce días después de que la AN acusara a la Fiscalía de la CPI de incumplir los acuerdos de cooperación y de mantener una oficina en Caracas sin personal operativo, la cual será cerrada por instrucción del propio tribunal. Ese anuncio generó fuertes reproches de parte de los diputados, quienes sostienen que la CPI ha mostrado “desinterés” en el seguimiento del caso venezolano.

Los legisladores también reaccionaron a declaraciones del fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang, quien justificó la clausura por la ausencia de avances verificables en la complementariedad, el principio que exige al Estado investigar seriamente los crímenes antes de que intervenga la CPI. Para la AN, esta medida constituye un acto de “presión política” contra el país.

Voceros del Parlamento también cuestionaron el papel del tribunal frente al impacto de las sanciones internacionales en la situación venezolana. El presidente de la AN afirmó que la CPI ha ignorado supuestos daños humanitarios causados por medidas externas y que no ha reaccionado ante denuncias presentadas por el Gobierno.

Rodríguez insistió en que permanecer dentro del sistema de Roma “solo perpetuaría la injusticia” y reiteró sus críticas a los países que, según él, ejercen influencia sobre el tribunal, señalando especialmente a Estados Unidos.

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