Organizaciones civiles rechazaron el nuevo proyecto de la Ley Orgánica de Minas

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos alertó a la comunidad nacional e internacional sobre las amenazas que representa el nuevo proyecto de Ley Orgánica de Minas en Venezuela. Las agrupaciones difundieron un documento conjunto este lunes 23 de marzo desde Caracas para exigir a la Asamblea Nacional la paralización del debate legislativo sobre este instrumento jurídico.

Las entidades firmantes, entre las que destacaron SOS Orinoco, Provea y Clima21, denunciaron que el marco propuesto agrava el deterioro ecológico en la Amazonía y el Escudo Guayanés. El escrito cuestionó la falta de obligatoriedad de los Estudios de Impacto Ambiental para otorgar concesiones y advirtió sobre la vulnerabilidad de áreas protegidas como las reservas forestales y de biosfera. En el texto, las organizaciones de la sociedad civil afirmaron que «rechazamos categóricamente el término de ‘Desarrollo Minero Ecológico’ introducido en el Artículo 8 de este proyecto de Ley. Desde una perspectiva científica y ética, la minería de oro es intrínsecamente destructiva».

El pronunciamiento también objetó la creación del Resguardo Nacional Minero bajo el control de la Guardia Nacional Bolivariana, tras considerar que formaliza el dominio militar sobre los territorios extractivos. Así mismo, los activistas señalaron que el articulado vulnera los derechos de los pueblos indígenas al omitir el estándar internacional de consentimiento libre, previo e informado, así como la demarcación de sus hábitats naturales.

Los especialistas ambientales indicaron que diversos artículos otorgan una discrecionalidad absoluta al Ejecutivo Nacional para la regulación y la entrega de títulos. Según el documento, esta situación impedirá el escrutinio público y la participación de las comunidades afectadas por las operaciones de extracción. Sobre las exigencias al parlamento, el comunicado conjunto precisó que «consideramos que la Asamblea Nacional debe pausar la discusión de la Ley para permitir la incorporación de los siguientes aspectos: Incorporar mecanismos explícitos de transparencia e información pública de todos los procesos administrativos».

En la actualidad, el proyecto de ley continúa en fase de discusión dentro del Poder Legislativo. Las agrupaciones no gubernamentales mantienen su solicitud a las autoridades de establecer normativas estrictas de control y planes de saneamiento para garantizar el derecho a la reparación de las poblaciones perjudicadas por la actividad minera en el país.

NoticieroDigital