¿Dónde están los desaparecidos? Familiares de al menos 40 disidentes exigen respuestas a Delcy Rodríguez

Es increíble como los medios del mundo ignoran la tragedia de Carmen Teresa Navas, una madre de 81 años, con un sin fin de patologías propias de su edad y su soledad, y una grieta en el alma tras casi 15 meses sin ver ni saber nada de su hijo Víctor Hugo Quero, de 51 años, desaparecido por el régimen liderado por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez en Caracas.

Navas peregrina por cárceles, instituciones del Estado y sedes de organizaciones no gubernamentales, buscando algo que le permita al menos sostener su fe.

Antes de la captura y extracción de Venezuela de Nicolás Maduro, la Organización de las Naciones y Unidades y organizaciones como Aminstía Internacional, con el blindaje de funcionarios dedicados a la defensa de los derechos humanos, hacían énfasis en las desapariciones forzadas como parte de la política de represión a la disidencia y a quienes perciben como tales desde Miraflores.

Amnistía Internacional concluía y resaltaba que esta grave violación de derechos humanos y crimen internacional se comete como parte de un ataque sistemático y generalizado en Venezuela. ¿Su conclusión? Forman parte de un paquete de crímenes de lesa humanidad.

El Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, en la figura de unas de sus directivas, Andreína Baduel, hija de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa fallecido en prisión, y hermana de Josnars, estima que al menos 40 disidentes se encuentran desaparecidos en Venezuela. Sus familiares, con el doloroo ejemplo de Carmen Teresa, llevan años en búsqueda de sus seres queridos.

Versión Final detalla cuatro casos emblemáticos: Alcedo Mora, Juan Hurtado, Hugo Marino y Víctor Quero. Los hermanos Rodríguez hablan de paz y reconciliación, pero no dan respuestas.

Alcedo Mora: El silencio ante la denuncia de corrupción (2015)

El caso de Alcedo Mora, desaparecido en marzo de 2015 en el estado Mérida, constituye uno de los antecedentes más sombríos de represalia institucional.

Mora, quien se desempeñaba como trabajador de la Gobernación de Mérida y militante del PRV, desapareció tras denunciar presuntas tramas de corrupción en Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) que involucraban a altos funcionarios.

Pese a que envió mensajes advirtiendo que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), lo buscaba por sus denuncias, el Estado venezolano ha mantenido un silencio absoluto durante más de una década, convirtiéndolo en un símbolo de la desprotección de quienes denuncian irregularidades desde las propias filas del chavismo.

A más de una década de los hechos, el Estado mantiene un silencio absoluto, convirtiéndolo en el símbolo del peligro que corren quienes denuncian irregularidades desde las propias filas del chavismo.

Cnel. Juan Antonio Hurtado Campos: La desaparición en el entorno de poder (2018)

Vinculado con el caso de los drones del 4 de agosto de 2018, el Coronel Hurtado Campos fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el 4 de septiembre de ese año al llegar a las inmediaciones de Miraflores.

Su hermana, Dora Hurtado, sostiene que se encontraba de vacaciones durante el evento en cuestión. Su madre, Juana Campos, ha agotado instancias en el Ministerio Público y la Fiscalía General Militar sin obtener fe de vida.

El caso evidencia la inexistencia de registros oficiales y la negativa a informar sobre el paradero de militares disidentes.

Hugo Marino: El buzo submarino bajo custodia opaca (2019)

Hugo Marino, experto ítalo-venezolano en salvamento marítimo, fue interceptado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en abril de 2019 al aterrizar en el Aeropuerto de Maiquetía.

Había sido contratado para investigar un siniestro aéreo que involucraba al hijo de un alto funcionario. Pese a las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), y una investigación abierta por la Fiscalía italiana, el Estado venezolano niega su custodia.

Su madre ha hecho llamados desesperados a través de la red social X, responsabilizando directamente a figuras de la cúpula oficialista por su integridad física.

Quiero dirigirme a las personas que han sido liberadas y pedirles que, si saben algo o han visto a Hugo Marino, mi hijo, en alguno de los centros de torturas del régimen, se pongan en contacto conmigo. Ayúdenme”, escribió.

Víctor Hugo Quero: La vigencia de la violación constitucional (2025)

El caso más reciente, ocurrido el 1 de enero de 2025, demuestra que la estrategia no ha cesado. Su madre, Carmen Teresa Quero, de 81 años, está entregando lo que le queda de vida por una respuesta.

Abogados expertos en derechos humanos denuncian el hecho como de "extrema gravedad", recordando que el Artículo 45 de la Constitución prohíbe taxativamente la desaparición forzada. La opacidad en este caso se agravó tras denuncias sobre cambios en los equipos de identificación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), dificultando el rastreo legal del detenido.

Entre algunos presos políticos se maneja la versión de que Quero murió producto de las torturas. Ni los representantes del Partido Socialista Uniudo que impulsan la Ley de Amnistía, ni Jorge o Delcy Rodríguez escuchan el clamor de su madre. Prefieren voltear la mirada.

Para los activistas y familiares, estas desapariciones no son hechos aislados, sino órdenes ejecutadas bajo una estructura de mando que utiliza el miedo y la falta de información como herramientas de control político.

El uso de defensores públicos impuestos y la negativa a emitir boletas de excarcelación configuran, según informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), crímenes de lesa humanidad que buscan neutralizar cualquier forma de investigación independiente o disidencia en el país.

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