Otro asesinato en un calabozo para el expediente de la Corte Penal

Aún con el eco de la muerte de Víctor Hugo Quero, luego que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios certificara que el preso político, hijo de Carmen Teresa Navas, de 82 años, falleció en el Hospital Militar de Caracas, hace poco más de 10 meses, el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, enfrenta un nuevo sacudón por las constantes violaciones de derechos humanos.

El caso del exconcejal del PSUV, José Manuel García Sabino, registrada el pasado fin de semana en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, estado Anzoátegui, dio un giro que desnuda el carácter criminal de funcionarios que manejan los organismos policiales y los recintos penitenciarios.

Según la autopsia realizada a García Sabino, la causa de su fallecimiento fue estrangulamiento o asfixia mecánica, descartando la versión oficial inicial de un supuesto suicidio.

Con este caso, suman 20 personas detenidas por razones políticas que fallecen en cárceles desde 2014, según la ONG Foro Penal, que alerta sobre la situación de los presos políticos, muchos de los cuales enfrentan condiciones de detención precarias y torturas sistemáticas.

Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público, reveló en X, que en su opacidad característica, el Ministerio Público va a imputar a 12 funcionarios de la policía municipal de Anaco entre quienes se encuentran al menos dos de sus jefes. Asimismo imputará a más de 30 reos que estaban en los calabozos de esa policía.

Este movimiento intenta calmar la presión que ha generado este aberrante caso. Sin embargo, en la ‘investigación’ no aparecen ni el alcalde ni los concejales que persiguieron a la víctima hasta apresarlo en virtud de sus denuncias por corrupción en el municipio. La investigación de homicidio es móvil más oportunidad. Todos los imputados tuvieron oportunidad de ejecutar el hecho pero, ¿cuál es el móvil? Esta investigación debe continuar hasta sus últimas consecuencias”, expresó.

Especialistas en derecho penal y organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido que esta medida podría desviar la investigación de posibles responsabilidades de funcionarios y del alcalde local, vinculados en denuncias previas, y limitar la transparencia del proceso.

“No se trata solo de un caso aislado, sino de un patrón de abuso y negligencia que afecta a todos los detenidos bajo custodia del Estado”, afirmó Mundaray.

Este tipo de casos alimentan el expediente contra el régimen de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez en la Corte Penal Internacional (CPI), donde se mantiene activa la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, iniciada formalmente tras hallar base razonable de abusos desde 2014, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas por fuerzas del Estado.

La Sala de Apelaciones ratificó en 2024 la continuidad del proceso, rechazando la solicitud del gobierno venezolano de detenerlo.

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