Aniversario de independencia marcado por violencia y escándalos

Una de las fechas más significativas e importantes de Colombia es el 20 de julio de 1810, el día declarado como el de la independencia de la Nueva Granada del dominio español. El punto de partida de una serie de eventos que terminó varias décadas después con la conformación de la actual Colombia.

Los hechos ocurridos ese 20 de julio de 1810 fueron antecedidos por La Rebelión de los Comuneros, levantamiento armado que estalló en la Nueva Granada en 1781. Principalmente asociado a la revuelta en el Socorro (entonces provincia de Santa Fe) que culmina parcialmente con las capitulaciones de Zipaquirá en junio, y continúa en una segunda etapa como un amplio movimiento que involucró pobladores de los llanos, Neiva, Nariño, Cauca (actual Valle) y la costa atlántica.

El 20 de julio representa, según la historia de la nación, el inicio de la emancipación del pueblo colombiano de la mano del imperio español que por más de tres siglos gobernó este y más territorios de América. Aunque los eventos de ese día de 1810 son parte de un camino más amplio hacia la libertad, la fecha se ha convertido en un símbolo patriótico y de identidad nacional para los colombianos.

Según el historiador Marcos González, fueron políticos quienes eligieron este día para celebrar las fiestas patrias en el país. “Hay que entender que, como toda fiesta patria, haber establecido al 20 de julio como símbolo de la independencia respondía a los intereses políticos de la élite que lo hizo”, dijo a la BBC.

“El Florero de Llorente”

El suceso que marcó el inicio de la debacle del Virreinato de Nueva Granada y que fue fundamental para la Independencia de Colombia se llama “El Florero de Llorente”. Según el archivo de Bogotá, los criollos comenzaron a planear una estrategia política para generar desorden público y tomar el poder, lo cual terminaría con el descontento que existía en Santafé contra el gobierno español. Para tal objetivo, el prócer Antonio Morales propuso utilizar al comerciante español José Gonzáles Llorente para iniciar los altercados a través del préstamo de una pieza para, supuestamente, adornar la mesa del banquete en honor al comisionado Antonio Villavicencio.

Los criollos aceptaron la propuesta y eligieron el viernes 20 de julio de 1810 para realizar el plan, pues este día habría gran concentración de personas en la plaza debido a que era día de mercado. En ese sentido, los criollos acudieron ante Llorente y tras solicitar el florero, el español se negó en vista de que, al parecer, el mismo estaba deteriorado; sin embargo, tal como estaba planeado, pasó Francisco de Paula Santander por el frente del almacén y saludó a Llorente, hecho que aprovecharon los criollos para acusar al comerciante de dirigirle la palabra a un “chapetón” (español) y de lanzar insultos contra los americanos.

Dicho suceso, provocó una rebelión de personas en contra del dominio español, las cuales enfurecidas comenzaron a romper vidrios y puertas. “El Virrey, las autoridades militares y los españoles, contemplaron atónitos ese súbito y violento despertar de un pueblo al que se habían acostumbrado a menospreciar”, resalta el historiador Indalecio Aguirre.

Construcción en curso

213 años después de ese 20 de julio de 1810, Colombia frente a los desafíos que se plantean en la construcción de nación, entendida como una sociedad organizada por medio del cumplimiento de los derechos y las obligaciones que considera el pensamiento liberal consagrado en la Constitución de 1991, según el profesor Adolfo Maya Salazar, coordinador de la maestría en Gobierno y Ciencias Políticas de EAFIT (Universidad en Medellín, Colombia), opina que la construcción de nación en Colombia es un proceso que está aún en curso.

Considera que durante estos años en la vida política hay muchos logros, pero realmente no suficientes para superar una situación de profunda fragmentación de la comunidad política. Hay diversidad cultural y regional. “De esa pluralidad creo que una nación debe tener una polifonía de voces, de representaciones, de visiones y en nosotros ha sido todo lo contrario. Han sido voces únicas y, fundamentalmente, de sectores que han cooptado el manejo del Estado que no coincide con esa idea de pluralidad que constituye hoy una nación”, destacó el docente en un artículo de la web del alto centro de estudios, en un análisis académico a propósito del Bicentenario de Colombia.

De acuerdo con la Revista Jurídica Piélagus, Colombia no ha sufrido cambios significativos en cuanto a forma de Estado y Sistema de Gobierno, la tendencia desde los inicios de la democracia ha sido entre Centralismo y Federalismo, dándose finalmente un equilibrio, lo que hoy consagra la Constitución, Centralización Política y Descentralización Administrativa. El sistema político siempre se ha inclinado hacia el presidencialismo, con el modelo de pesos y contrapesos de Montesquieu, con un parlamento bicameral integrado por Senado y Cámara de Representantes, y por la Corte Suprema, máximo organismo del poder judicial que complementa la estructura del Estado colombiano.

Señala el documento que no se puede pasar por alto el tema de la violencia, tanto la bipartidista que terminó con el Frente Nacional, como el conflicto armado suscitado a finales de los años 40. Colombia desde la época de la conquista siempre ha estado en guerra.

Colombia es un país muy rico en cuanto a constitucionalismo se refiere, se fortaleció con la Constitución Política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional, máximo órgano de la rama judicial encargada de la guarda y cumplimiento de la Norma de normas. Sin embargo, aún tiene largos caminos por recorrer, más aún cuando el país empieza a tomar un cambio de mentalidad que va de la mano con la globalización, el internet y la tecnología.

Petro Colombia

Luego de 213 años Colombia celebra el 20 de julio con el primer mandatario de izquierdas de la Colombia moderna, Gustavo Petro Urrego, quien el pasado 7 de agosto del año 2022 tomó posesión del cargo. Los retos son múltiples, el hermano país enfrenta desafíos que el nuevo presidente tratará de solventar. Hay expectativas entre los diferentes sectores de la sociedad, de que pueda lograr, por ejemplo, reducir la presencia de grupos armados, de alcanzar un país menos violento, de controlar la inseguridad generalizada en su territorio, incluidas las masacres, los asesinatos continuos de líderes sociales y ambientales; uno de los objetivos primordiales que prometió durante su campaña electoral, así como solventar la situación económica y financiera que recrudece en el país.

De acuerdo con el informe de Violencia Territorial en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para Los Derechos Humanos, que se respalda en informaciones recogidas en reuniones con víctimas, autoridades estatales, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil a nivel local, regional y nacional; los grupos armados no estatales y organizaciones criminales utilizan varios mecanismos para poder controlar a la población en los territorios en los que mantienen una presencia activa. Estos mecanismos de control social incluyen diversas formas de violencia, medidas coercitivas o amenazas directas contra la población, para controlarla y que no ponga en riesgo el desarrollo de sus actividades.

Señala el informe que, a pesar de los esfuerzos del Estado, la respuesta predominantemente militar para combatir estos grupos no ha logrado frenar su expansión y la violencia que generan. Además, la debilidad del estado de derecho y de alternativas de desarrollo en los territorios afectados por la violencia ha exacerbado la situación.

El informe concluye que es necesario revisar la estrategia del Estado para enfrentar a estos grupos y organizaciones y proteger a las poblaciones afectadas y garantizar el disfrute y ejercicio de sus derechos. Con el fin de proteger los derechos humanos y combatir la expansión violenta de los grupos.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU recomienda tres ejes principales de acción al Gobierno de Colombia. Reducir significativamente y finalmente eliminar la presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales en los territorios afectados por la violencia, a través de un esfuerzo combinado en cuatro áreas: la implementación de una política estatal eficaz de desmantelamiento de estos grupos – concertada con la sociedad civil en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la adopción de un marco legal y una estrategia para el sometimiento colectivo de estos grupos como el previsto en el Acuerdo de Paz.

Además de la implementación de una estrategia estatal de protección de civiles; y considerar genuinamente el llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopción de acuerdos humanitarios o de paz con los grupos.

Indican priorizar la implementación territorial del Acuerdo de Paz, en particular la reforma rural integral, consolidar la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con la participación de las comunidades afectadas, y relanzar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

Se recomienda consolidar el estado de derecho en las zonas más afectadas por la violencia y el conflicto armado interno, reforzando la presencia y la capacidad de las instituciones del aparato de justicia y de los organismos de control en los territorios. Así mismo reforzar las capacidades de los gobiernos locales y de los gobiernos propios de los pueblos afrodescendientes e indígenas en estos territorios. Esto deberá ser acompañado por una campaña cuyo objetivo sea restaurar la confianza en la institucionalidad del Estado, abriendo espacios de diálogo y participación para las comunidades afectadas y la sociedad civil.

El nuevo presidente colombiano Gustavo Petro ha indicado que buscará la implementación de los acuerdos con las FARC, así como nuevos diálogos con grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo; agrupaciones que ya han dicho que están dispuestas a negociar con él. Así mismo, ha manifestado que espera durante su mandato contar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para concretar procesos de paz con distintos actores armados y lograr la llamada “paz total” que ha propuesto desde la campaña.

Petro Economía

En materia económica financiera Petro también tiene un gran desafío, según el informe del Banco Mundial Colombia tiene un régimen de inflación objetivo, un tipo de cambio flexible y un marco fiscal basado en una regla fiscal moderna, que proveen una buena base para asegurar la estabilidad macroeconómica, un ingrediente clave para la reducción de la pobreza.

Dice el documento del BM que el PIB crecerá sólidamente a una tasa de 7,3% en 2022, pero la economía se sobrecalentó con la actividad operando por encima de su potencial, una inflación acelerada, y un alto déficit de cuenta corriente. Se prevé que el PIB sólo crecerá 1,7% en 2023 y que la economía se dirigirá a un aterrizaje suave, lo cual es necesario para corregir el surgimiento de desequilibrios internos y externos. Se prevé que el crecimiento aumente gradualmente a 2,0% en 2024 y 3,2% en 2025, conforme la demanda externa se reactive, y la inflación y las tasas de interés disminuyan.

Se revela en el documento que Colombia sigue enfrentándose a importantes retos estructurales. La tasa de crecimiento potencial no es suficiente para garantizar la convergencia de la renta per cápita con la de los países de altos ingresos. Sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo.

El crecimiento económico por sí solo no ha sido suficiente para reducir la desigualdad, pues las barreras a oportunidades económicas persisten para ciertos grupos (incluyendo por género, etnia, y ubicación geográfica), limitando así la movilidad social. Para reducir la pobreza de forma duradera y aumentar la resiliencia entre los más vulnerables, es necesario ampliar la cobertura y adaptación del sistema de seguridad social, reducir las rigideces en la inclusión automática a los programas sociales, hacer que los mercados laborales sean más eficientes e inclusivos y mejorar el nivel y la calidad de la educación, la salud y la infraestructura.

Por otra parte, aunque está disminuyendo, una alta relación deuda-PIB del gobierno general reduce el espacio fiscal para responder a choques agregados o incrementar el gasto de manera sostenible sin recursos adicionales. Colombia necesita transitar a cero emisiones netas de carbono, a una economía resiliente a los cambios climáticos, y a un mundo que requiere menos petróleo y carbón. Se requiere además aumentar la productividad y la adopción de tecnología, facilitar la transición de empleos, diversificar las exportaciones, revertir la deforestación, y encaminar los sectores de energía, infraestructura, y transporte a una actividad más verde.

Oferta Petro

El pasado mes de abril, Petro puso en marcha cuatro medidas para enfrentar la inflación, que contemplan la reducción en las tasas de interés, la oferta de un millón de crédito y lograr la disminución de los precios de los alimentos y las tarifas de energía.

El anuncio de reducción de las tasas de interés por parte de la banca tanto pública, en el caso del Banco Agrario, como en la privada, Petro señaló que “en la búsqueda de menores precios para los alimentos y del aumento de la rentabilidad para los productores agrarios, el Banco Agrario hoy tiene las menores tasas de interés a productores de toda la banca del país”.

Otra de las medidas es que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la mano del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Grupo Bicentenario y la Banca de Oportunidades, promoverán la colocación de un millón de operaciones de crédito para los colombianos que no tienen acceso a financiación formal.

Se trata de la estrategia de inclusión crediticia de la economía popular ‘CREO, un crédito para conocernos’, que apunta a atender las necesidades de financiamiento de las unidades productivas de baja escala, tradicionalmente desatendidas, a lo largo del país y en todos los sectores de la economía, combatiendo fuentes de financiación como el ‘gota a gota’.

Así mismo, el presidente Gustavo Petro señaló que se acordó con la “Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), diseñar e implementar medidas para la reducción de los precios de los alimentos”.

El gobierno de Colombia viene adelantando los mecanismos y estrategias que permitan la disminución de las tarifas de energía; una iniciativa propuesta por el Jefe de Estado, de la mano de la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

Petro Política

Pero las cosas no han podido ser como las planeó el jefe de Estado, pues la situación política ha empañado su gestión, por el escándalo de las presuntas interceptaciones ilegales y una supuesta financiación con dinero ilegal a su campaña, que provocó la salida reciente de dos de sus funcionarios más cercanos el ahora ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti y la exjefa de gabinete de Petro, Laura Sarabia y que amenaza su plan de reformas en materia económica y social, luego que la Cámara de representantes de Colombia congelara su discusión.

Analistas políticos y profesores universitarios han manifestado que el congelamiento de las discusiones sobre las reformas anunciado días atrás por el presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, David Racero, está creando una crisis institucional. Además, en este período legislativo no se van a discutir estas reformas porque el período terminó el pasado 20 de junio. Por lo que el presidente Petro manifestó que será más complicado aplicar estas reformas el año que viene porque el desgaste es evidente.

Más difícil aún se hace que se aprueben las reformas por la ruptura de la coalición que había logrado Petro en el Congreso con los partidos Conservador, Liberal y la U, que permitieron aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, la Reforma Tributaria y la Ley de Paz, en medio del escenario político, porque hay mucha polarización, de manera que el plan reformista está en veremos por los momentos, según señalan, los analistas políticos.

Celebración Día de la Independencia 2023

En el marco de la celebración de este 20 de julio, fecha que se conmemora el día de la independencia de Colombia, jornada que se ha denominado la “Fiesta por la soberanía”, a propósito de la decisión, el pasado 13 de julio, de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que sentenció que Nicaragua no puede extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con Colombia.

Siguen los contras. El gobierno de Petro recibió serias críticas, luego que se publicará en la cuenta de Tik Tok oficial de la Presidencia de la República, el pasado domingo 16 de julio un video en el que utilizan como temática la nueva película de Barbie que se externa en Colombia el mismo día 20 de julio, donde el Gobierno Nacional invitó a la celebración por el día de la independencia a realizarse en San Andrés. En el video se pueden observar fotografías del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez acompañada de imágenes de la nueva película de la icónica muñeca de Mattel. “Este 20 de julio el Gobierno del Cambio llega a San Andrés. Celebremos nuestra soberanía”, dice el video. Ante la polémica que se armó en las redes el video fue borrado de las redes oficiales.

Cada 20 de julio se celebra un año más de la independencia de Colombia, un año más de la emancipación de los territorios que entonces comprendía el Virreinato de la Nueva Granada. Hoy Colombia aún liberada de la colonia española, está bajo el yugo de la violencia de grupos armados que mantienen en vilo a los ciudadanos y desangra la nación, una economía frágil y un gobierno de izquierda que en su corto mandato ha dejado sinsabores y despierta incertidumbre por una serie de escándalos y polémicas que han alterado tanto la gobernabilidad del Presidente como la coalición que se conformó en un comienzo.

Fuente: diariodelasamericas.com