Las irregularidades que evidencia Tarek William Saab en sus declaraciones sobre Rocío San Miguel

Este lunes 19 de febrero el fiscal general nombrado por el chavismo, Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa en la que presentó las supuestas pruebas que vinculan a la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel con la llamada operación Brazalete Blanco, una declaración que algunos abogados y expertos catalogan de irregular, fuera de lugar y hasta «ridícula».

Saab señaló que San Miguel fungía como espía a través de parejas o por relaciones públicas con funcionarios de las Fuerzas Armadas con el fin de para planificar acciones en contra de la soberanía nacional.

Entre las pruebas que mostró Saab destacan una serie de mapas de Venezuela, que fueron extraídos de su vivienda el pasado miércoles 14 de febrero durante un allanamiento, así como computadoras y dispositivos móviles.

“Todo lo que ha dicho (Saab) es ajeno al derecho, a la lógica y a la racionalidad y, de alguna manera, constituye una burla a los venezolanos”, adelantó el abogado y exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray.

Para Martha Tineo, se trata de unas evidencias “bastante debatibles”. Recordó que San Miguel es profesora universitaria y su cátedra tiene que ver con seguridad de la nación. Lexys Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz, coincide y recuerda que desde el allanamiento a la vivienda de San Miguel los abogados informaron que lo único que consiguieron fueron los mapas a los que se refirió Tare William Saab este lunes 19.

“Control Ciudadano es una de las organizaciones más rigurosas, de atención directa al establecimiento militar y la ciudadanía venezolana y el cumplimiento de garantías y derechos en base al comportamiento militar frente a la ciudadanía, por lo que es absolutamente lógico que ella tenga esos mapas”, dijo Rendón.

Estas son las irregularidades sobre el caso contra Rocío San Miguel evidenciadas por el fiscal Tarek William Saab en su rueda de prensa:

Violación a la presunción de inocencia

La abogada y defensora de derechos humanos Martha Tineo asegura que con las declaraciones de Saab se viola la presunción de inocencia, un principio consagrado en la Constitución. “Se le está señalando a una persona, ya se le está criminalizando de algo sobre evidencias que son absolutamente absurdas”, dijo.

Al respecto, Mundaray detalló que el artículo 2 de la Constitución establece que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esa demostración, continúa, implica que exista una condena en un juicio con las debidas garantías y que se hayan agotado todos los recursos frente a la condena.

Asimismo, dijo que la Ley Orgánica del Ministerio Público prohíbe a los fiscales adelantar opiniones sobre las causas que conozcan. “Estas se pueden emitir cuando se presente el acto conclusivo, pues antes de eso no se puede señalar a alguien como responsable y menos violando la Constitución que obliga a los funcionarios a referirse al resto de la población como ciudadano. Tarek le dice a las personas ‘aberrado’, ‘criminal’, ‘psicópata’, totalmente desligado de una obligación constitucional”.

Violación al principio de reserva

Tanto Tineo como Mundaray explicaron que el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal establece que en la fase de preparación, que es en la cual se encuentra el proceso actualmente, la información debe ser reservada y solo puede ser examinada por el imputado y sus defensores, los fiscales del Ministerio Público que estén dirigiendo esa investigación y los organismos de seguridad, es decir, los órganos auxiliares de justicia que están recabando todas esas evidencias. “Este no es el momento procesal para hacer público esto ni debatir evidencias”, dijo Tineo.

Mundaray resaltó que ni San Miguel ni sus abogados tienen acceso a estos actos, lo que también es violatorio al artículo 49 numeral 1 de la Constitución, relacionado con la asistencia jurídica, la necesidad de un tiempo para revisar las actuaciones y generar una estrategia defensiva. “No se ha podido hacer en este caso porque se le impide a los abogados juramentarse con uno de los esquemas de violación de derechos humanos más graves que ha implementado el Estado con el que solamente los abogados públicos pueden participar”, agregó.

Fuente: elpitazo.net