Mega apagón en Venezuela: cinco años después las fallas continúan

Daniela estaba en casa de su mamá aquel 7 de marzo de 2019 porque no tenía internet en su apartamento, ubicado en el estado Bolívar. En el transcurso del día, se fue informando por las redes sociales de cómo el país se iba apagando poco a poco.

«No me preocupé en ese momento. Lamentablemente solemos pensar que si no me afecta, no pasa nada. Recuerdo que le dije a mi mamá: bueno, si se va la luz, al menos tenemos gas porque con la cocina eléctrica sería triste para nosotras», recordó.

Se fue a dormir con la idea de que Bolívar no sería afectado por la falla eléctrica. Esta región alberga al embalse El Guri, el cual se encuentra delimitado por la represa del mismo nombre y en donde se encuentra la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. Sin embargo, pasadas las 10:00 p.m., le tocó el turno, luego de un corte eléctrico en una fase y a las 12:00 de la medianoche todo el estado quedó completamente a oscuras.

«Sentí mucha incertidumbre. Fue cuando caí en cuenta de que todo el país estaba sin luz. No sabía qué pasaba porque hasta perdí señal telefónica. Solo agradecía porque en casa de mi mamá habían surtido gas y teníamos comida», agregó.

Este jueves 7 de marzo se cumplen cinco años del mega apagón que dejó a millones de venezolanos sin servicio eléctrico por casi una semana en 20 de los 23 estados del país y, que a su vez afectó los sistemas de telecomunicaciones y de suministro de agua potable.

Hoy, en 2024, Venezuela padece de un apagón continuado, al ejecutarse desde el Estado un plan de racionamiento eléctrico que se extiende más allá de las horas programadas, al ocurrir continuas fallas en el servicio que duran desde minutos hasta horas, y tras las explosiones e incendios de plantas o transformadores.

Nueve años antes del mega apagón, el fallecido presidente Hugo Chávez había decretado una emergencia eléctrica para solventar las fallas de la infraestructura a través del financiamiento y acuerdos con empresas privadas, para compras de equipos sin necesidad de llamar a licitación. Lo ocurrido en 2019, evidenció que este plan fue un absoluto fracaso.

Desvío de recursos que derivó en oscuridad

Un reporte de la ONG Transparencia Venezuela determinó que 61% de los recursos destinados al sistema eléctrico fue desviado en hechos irregulares. La investigación detectó que entre 1999 a 2016 se erogó un monto de 37.600 millones de dólares, en planes donde se descubrieron «sobreprecios» y actos de corrupción estimados en $23.033 millones.

Christi Rangel, coordinadora de Transparencia Venezuela, sostiene —además— que en el sector eléctrico se han tomado decisiones que afectaron al sistema. Por ejemplo, las termoeléctricas que funcionaban como Planta Centro, sufrieron daños con las obras de ampliación que se llegaron a ejecutar y por utilizar un combustible no apto para su operatividad.

«Las termoeléctricas nuevas como la Luis Zambrano de Mérida, tampoco aportó la energía necesaria. En Mérida debía funcionar con gas y para ello se debió instalar un gasoducto que nunca se construyó. Entonces la pusieron a funcionar con gasoil y quedó inoperativa en muy poco tiempo», acotó.

La estatización de las empresas del sector ocurrió con la creación de la Corporación Eléctrica Nacional en 2007. El control total se alcanzó en 2010 cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que convirtió a Corpoelec en el operador único en los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización.

Rangel agregó un tema que ha sido recurrente: los recursos que se destinan al sistema eléctrico a través de las leyes de presupuesto y de endeudamiento. En los documentos oficiales de los ejercicios fiscales de cada uno de los últimos años, se aprueban financiamientos para las mismas obras de los cuales no hay avances.

«El proyecto de la Central Hidroeléctrica de Tocoma ha aparecido en las leyes especiales de endeudamiento como receptor de recursos desde hace varios años, aunque está paralizada la obra. Incluso en la Ley Especial de Endeudamiento de este año 2024, tiene una asignación de 66 millones de dólares. 

Esta obra junto con otras de electricidad recibirán recursos por deuda de 661 millones de dólares», explicó.

Un punto importante a destacar es que la administración de Nicolás Maduro no rinde cuentas sobre la ejecución del gasto público, por lo que es difícil hacer contraloría a la forma en que se administran los recursos.

Para el Gobierno, el mega apagón tiene un culpable: factores internos y externos que sabotearon el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para generar zozobra y angustia en la población. Algo que no ha podido ser demostrado a pesar de que sus instalaciones se encontraban custodiadas por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. La presencia de militares en la infraestructura eléctrica fue ordenada desde la gestión de Chávez.

Un trauma que no se supera

El deterioro del servicio de electricidad que derivó en el mega apagón significó un antes y un después en la vida de los venezolanos. Mucho se ha informado sobre el por qué se llegó a esa monumental falla en 2019, pero también es necesario recalcar que los ciudadanos tuvieron que ingeniárselas para salir airosos de esa situación y otros aún no se recuperan del trauma que les generó.

Ricardo trabajaba de barista en un café de Puerto Ordaz en Bolívar. El local contaba con planta eléctrica, lo que le permitió al menos tener carga en su celular y ver qué pasaba en la ciudad.

«Mucha gente llegó pidiendo el favor de poder cargar su celular. Otros consumían un refresco, un agua o alguna merienda que nos quedara, mientras cargaban sus teléfonos y laptops y, aprovechaban para trabajar. Fue complicado porque en ese año era un rollo el tema del vuelto para pagos en dólares. Casi que obligabas al cliente a tener que gastar el billete completo, pero la gente ese día compraba hasta hielo», detalló.

Bolívar fue el último estado en apagarse, aquella noche del 7 de marzo. Al día siguiente, la electricidad comenzó a restablecerse a partir de las 10:00 a.m. Desde entonces, el servicio no ha mejorado. Donde hay mayor incidencia es en los municipios del sur y oeste. No hay cortes programados, pero en zonas como El Callao, hay apagones de ocho y hasta 12 horas en un día.

El presidente (e) de Fedecámaras Bolívar, Austerio González, señaló que hacia los municipios del sur «la luz se va, por lo menos, una vez a la semana. A veces esas interrupciones pueden prolongarse por tres, cuatro o cinco horas, lo que significa indudablemente que puede ocasionar daño de alguna mercancía, especialmente en los alimentos perecederos».

Agregó que en los tres principales municipios (Caroní, Angostura del Orinoco y Piar), que representan más de 80% de la población, no se percibe esta misma realidad. En cambio, en El Palmar, municipio Padre Chien, los reportes de cortes eléctricos son al menos una vez a la semana, y en ocasiones dos veces por semana.

Para González, el hecho de que en las zonas más remotas se perciba en mayor medida el problema eléctrico, obedece a que la capacidad de respuesta se concentra menos hacia el resto de la región; aunque también puede influir la distancia, grietas en la vialidad, escasez de combustible, entre otros.

Las fallas eléctricas también se relacionan con transformadores dañados o que colapsan en su capacidad. El alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, por ejemplo, declaró en varias oportunidades que la población, y por ende la demanda, creció debido a la actividad minera en el municipio. Ello influyó en el colapso de transformadores en comunidades como Nacupae o El Perú.

Lugo admitió que la Alcaldía de El Callao carece de las condiciones económicas para asumir los gastos de respuesta para el sector eléctrico. Incluso, que la Gobernación tampoco tendría solvencia, sino únicamente el Gobierno nacional.

De la «burbuja» al caos

A pesar de que Caracas suele ser considerada como una «burbuja» que no padece los mismos problemas que las regiones en materia de servicios, la capital del país no queda al margen de la precariedad eléctrica y las deficiencias estructurales de la distribución energética. Las fallas son constantes en distintos sectores de la ciudad, muchas veces estando vinculadas con explosiones de transformadores en subestaciones eléctricas, así como otras infraestructuras de Corpoelec.

Desde el mega apagón de marzo hasta la actualidad, medios caraqueños han registrado no menos de 15 incidentes a la infraestructura eléctrica, entre detonaciones de transformadores que incendian subestaciones eléctricas, cortos circuitos en líneas de alta tensión y explosiones en torres de Corpoelec.

El discurso oficial de las autoridades tiende a señalar a presuntos hechos de «sabotaje» como causantes de estas explosiones y diversas fallas en las subestaciones del país. Sin embargo, en enero de 2022, el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, ordenó la creación de una «sala de investigación contra los sabotajes», con la cual contemplaban incrementar la supervisión en estas estaciones, instalando incluso cámaras de vigilancia. Desde este anuncio, se incrementó el registro de este tipo de incidentes, al menos en Caracas, con ocho reportes hasta la fecha.

Los caraqueños no estaban acostumbrados a las fallas del servicio en 2019, por lo que el mega apagón fue un shock significativo al no estar preparados para este tipo de eventualidades. En algunas zonas de la capital la interrupción del servicio duró tres días, pero en otras áreas llegó a casi una semana.

«Para nosotros fue todo un caos. Lo más traumático fue abastecernos de agua. En casa tenemos un tanque subterráneo que opera con máquinas, así que tuvimos que amarrar un tobo con un mecate para sacar agua, tal como lo hace mucha gente en los pueblos que van a un pozo. Era una tarea complicada porque requería fuerza, y lo pudimos hacer hasta que el nivel del agua nos lo permitió», contó Carmen Rosales desde el municipio Baruta.

Las consecuencias del mega apagón, así como la de otras fallas similares, redundan en otras áreas que llegan a afectar la calidad de vida. Para el ingeniero Nelson Hernández, hay dos términos que se deben tomar en cuenta y que son estándares mundiales: la pobreza energética y la seguridad energética. 

Asegura que el gobierno no puede garantizar, a plenitud, las necesidades energéticas de la población venezolana.

«La pobreza energética se refiere a la accesibilidad a los servicios energéticos modernos, y la seguridad energética es referida a la confiabilidad del suministro de dichos servicios. Venezuela, hoy, con todos los racionamientos energéticos por los cuales atraviesa (electricidad, GLP, diésel, gasolina, etc.) sufre inseguridad energética. Pero lo que sí debe quedar claro, y aunque suene como un trabalenguas, es que, si la inseguridad energética no es atendida, se convierte en pobreza energética», dijo.

Economía también quedó sin luz

El apagón nacional se suele recordar como un día individual, sin embargo, no solo se produjo una falla nacional, sino cuatro. Tres ocurrieron en marzo y la última ocurrió el lunes 22 de julio de 2019. En todos estos casos, el país quedó completamente a oscuras, paralizado, no por unas horas, sino por un día entero; en algunos casos, varios días o hasta una semana.

La suma acumulada de todas estas interrupciones totales del servicio eléctrico representó un duro impacto para la economía. Significó paralizar las plantas industriales, es decir, dejar de producir durante semanas enteras; restringió brutalmente el comercio al reducir los medios de pago al uso exclusivo de dólares en efectivo y anuló el sistema bancario nacional.

El parón productivo y comercial produjo pérdidas importantes para un país que ya afrontaba un abismo económico con una caída sostenida de su Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente 52% entre 2014 y 2018, de acuerdo con la data del Fondo Monetario Internacional (FMI), utilizada en ausencia de las cifras oficiales que debe publicar el Banco Central de Venezuela (BCV). Esa misma carencia de datos oficiales es la que impide determinar, con exactitud, el impacto que tuvo ese oscuro marzo para el PIB venezolano. Sin embargo, economistas asomaron diversas estimaciones por aquel entonces.

Los cálculos más conservadores eran los de Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica, que mencionaba unas pérdidas por el orden de $1.098 millones entre el 8 y 15 de marzo, la semana del primer y más prolongado apagón. Por aquel entonces, la cifra representaba 1,3% del PIB venezolano.

Otras estimaciones fueron menos optimistas, como la del economista Ángel Alvarado, quien por aquel entonces formaba parte de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), pues proyectó unas pérdidas por el orden de $4.000 millones, equivalentes a más de 4% del PIB del país.

Más allá de la precisión numérica, lo cierto es que el apagón constituyó un golpe contundente para la economía, no solo por su impacto inmediato, sino también por sus consecuencias a largo plazo. El SEN nunca ha acabado de recuperarse y las fallas eléctricas son constantes en todo el país, lo que acaba por complicar la actividad en casi toda parcela productiva del país.

El economista y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), José Guerra, desmenuzó los problemas que genera un servicio eléctrico precarizado para Venezuela y que dan paso a un efecto recesivo.

«Los cortes eléctricos significan, evidentemente, un menor crecimiento del PIB. Las plantas se apagan, disminuyen las ventas porque los negocios tienen que cerrar. Eso tiene un efecto recesivo en la economía», sostuvo.

La economía es un todo y los problemas que afecten a un sector, acaban por tener repercusión en otro de la cadena productiva. Es por eso que los problemas energéticos perjudican incluso a la industria petrolera, de la cual el sistema económico venezolano es dependiente. Sin una mejora en este ámbito, la producción encontrará dificultades para mantener un crecimiento progresivo.

«La electricidad también afecta la actividad petrolera, porque las bombas en las que están los pozos petroleros, donde está la extracción, se mueve con electricidad. Es uno de los grandes problemas que tiene la actividad petrolera al momento de aumentar la producción», acotó Guerra.

El otrora diputado de la AN también hizo énfasis en que el problema no quedó en 2019, sino que ha tenido repercusiones cada vez que la actividad se paraliza debido a los constantes apagones. Según estimaciones de la OVF, los cortes de electricidad durante todo 2020 generaron una pérdida de aproximadamente $7.000 millones ese año.

En el ámbito de la producción nacional, el presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), Luigi Pisella, opta por ver el apagón como un hito que obligó al empresariado venezolano a estar mejor preparado para este tipo de contingencias, pues impulsó a las empresas a mitigar el impacto de los cortes mediante la autogeneración de energía.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Coyuntura Industrial de Conindustria, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, 89,5% de la pequeña y mediana industria cuentan con plantas eléctricas para generar energía de forma autónoma. Claro está, es un sistema complementario al servicio tradicional, pues 99,2% de estas industrias siguen contando con Corpoelec como principal proveedor de energía eléctrica.

Esta alternativa no es una solución definitiva al problema. Pisella advierte que acudir a las plantas eléctricas para mantener la operatividad disminuye la eficiencia de la producción, incrementando los costos y sumándose a una enorme lista de factores que restan competitividad a la producción venezolana.

«Para nosotros no es una fecha grata. Padecimos lo que todo el país, pero de ahí en adelante hubo un antes y un después. La industria se fue preparando paulatinamente para autogenerarse su electricidad. Desde aquel entonces hasta ahora, es lo que hemos venido haciendo. Si bien, los problemas eléctricos no nos detienen, sí nos hacen ser menos eficientes y menos competitivos con muchos de los productos que son importados al país», resaltó.

Como parte de ese todo, la misma industria petrolera que padece los problemas eléctricos, impide que las plantas eléctricas sean una solución óptima al problema, pues estas consumen un diésel que no se produce en cantidades suficientes para satisfacer la demanda. Al acudir al mercado negro para adquirir este insumo, los productores deben pagar el doble o el triple de su precio. Así, se forma un círculo vicioso que acaba por encarecer cada vez más la producción y hacerla menos competitiva. En este sentido, la industria propone alianzas entre públicos y privados para que, con la inyección de capital de inversionistas, puedan concretarse las adecuaciones que requiere el sistema eléctrico nacional.

«Tenemos que reestablecer la energía termoeléctrica en estados fundamentales. Lo que hemos propuesto es que haya alianzas con sectores privados para invertir puntualmente en esa generación eléctrica y no depender tanto de lo que se produce en Bolívar», remarcó.

El representante de las industrias venezolanas recordó que, mediante las negociaciones entre chavismo y oposición, se había acordado la creación de un fondo fiduciario —vigilado por la ONU— con dinero de Venezuela que se mantenía custodiado en Estados Unidos. Parte de esos recursos, unos $1.200 millones, estaban dedicados a recuperar el servicio eléctrico en el país.

«Aquí siempre caemos en el tema de la flexibilización de las sanciones. Estaba pautada la liberación de $1.200 millones hace más de un año. Esos recursos, que son de Venezuela, deben ser invertidos en el sistema eléctrico», destacó.

Apagón en el campo

No contar con un servicio público confiable, aún en la actualidad, sigue siendo un factor que incrementa los costos de las empresas, disminuye la productividad y reduce la rentabilidad. «Los sectores rurales son los más afectados en Zulia, ya que no hay ninguna posibilidad de que estos puedan sobrepasar esta problemática de las fallas de electricidad. En nuestro caso como productores de leche y carne, son alimentos inocuos que necesitan electricidad para que exista la calidad del producto en los centros de consumo», refirió Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga).

A su juicio, las fallas se deben a la mala generación y la distribución de la electricidad, debido a que tienen que balancear las cargas entre unos y otros municipios y estados. «Hasta donde tengo entendido, la termoeléctrica no está generando energía. Apenas ahora se están cambiando unos cables de alta tensión que son los que atraviesan el lago de Maracaibo desde la Costa Oriental del Lago hacia el occidente. Esto nos va a generar más electricidad, lo que pasa es que, como estaban deteriorados, los van a suplantar y a darles mantenimiento», destacó Chacín.

Mientras se logra este plan, el sector agrícola y pecuario en la región sigue persistiendo a innumerables problemas, por lo que se han visto obligados a hacer cambios en su modelo de negocio.

«Más del 80% de lo que producíamos en leche iba a la industria. Hoy tenemos que hacer queso, que son métodos artesanales para poder, de alguna u otra manera, garantizar nuestras unidades de producción. De esta manera, la industria tiene mucho menos leche para poderla procesar. Estas son medidas que se toman en vista de que no sabemos cuándo es el corte eléctrico, no sabemos cuándo va a llegar nuevamente la luz y no sabemos las causas», dijo Chacín.

Hace más de 20 años, los venezolanos bromeaban con que Zulia es el estado más frío del país, debido al uso frecuente de aires acondicionados para mitigar una región altamente calurosa. Desde el mega apagón y los continuos cortes ya ese chiste se olvidó.

Maritza Rodríguez, de 58 años de edad, vive en la parroquia Caracciolo Parra Pérez, en Maracaibo. Para el momento del apagón, vivía con sus dos hijas y su esposo.

«Recuerdo que durante el apagón sacábamos los colchones para el garaje. A mi esposo, que estaba en cama, lo trasladamos para la sala y así dormíamos, en el suelo». Su familia fue una de las tantas en el país que tuvo cocinar con leña. «Entre los vecinos hacíamos arepas, huevos, bistec y cosas sencillas. Recuerdo que tomábamos agua caliente y ya después de unos días nos repugnaba. Deseábamos tomar agua fría. Eso fue toda una calamidad. De noche era todo oscuro. Las conversaciones eran largas y parecía como si estuviésemos en la Edad de Piedra».

Maritza considera que el servicio eléctrico no ha mejorado desde entonces. «Es una falta de respeto que quiten la electricidad cuando les parece, no avisan. La quitan hasta dos veces al día. Pasamos hasta dos, tres, cuatro, cinco y seis horas sin luz. Así las personas no pueden planificar bien su día y la quitan porque sí, porque la quitan y punto».

Fuente: runrun.es