Qué es el asilo defensivo, la figura legal que protegería de la deportación a miles de venezolanos sin TPS
El asilo defensivo surge como una herramienta crucial para más de 350 mil venezolanos que enfrentan la deportación tras la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) por parte del gobierno de Donald Trump. Esta figura legal permite solicitar protección ante un juez de inmigración y ofrece una defensa contra la expulsión de EE.UU.
Asilo defensivo: una herramienta para evitar la deportación
El asilo defensivo es solicitado por personas en proceso de expulsión. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Justicia, maneja estos casos. A diferencia del asilo afirmativo, este procedimiento solo aplica cuando existe una orden de deportación.
En una conversación con la periodista venezolana Carla Angola, el abogado Jairo Hernández afirmó que “muchas personas que están con el TPS son elegibles para aplicar por asilo”. Esto les daría “otra capa de protección para no ser deportado, ser elegible a un permiso de trabajo y residir legalmente en el país”, de acuerdo con el especialista.
¿Cómo funciona el proceso de asilo defensivo?
De acuerdo con la información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés), el proceso de asilo defensivo se desarrolla ante un juez de inmigración e incluye varias etapas:
Audiencia preliminar (Master Calendar, por su nombre en inglés): el juez verifica los cargos contra el solicitante y pregunta si teme regresar a su país. Si se solicita asilo, el caso avanza.
Audiencia individual o de mérito: el solicitante presenta su historia, testigos y pruebas. El juez, junto con un abogado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), evalúa el caso.
Decisión final: el juez determina si concede el asilo. En algunos casos, el juez toma un tiempo para pensar o escribir su decisión. En esos casos, el solicitante debe esperar.
Apelaciones: tanto el solicitante como el DHS pueden apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración dentro de un plazo de 30 días. La apelación puede ofrecer una última oportunidad de evitar la deportación.
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