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Provea alertó sobre supuestos riesgos de militarización en la frontera

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó el lunes el despliegue de 15.000 efectivos militares y policiales en la frontera con Colombia, como parte de la “Operación Relámpago del Catatumbo”. La ONG Provea advirtió este jueves 27 de agosto que medidas de este tipo han derivado supuestamente en abusos contra pobladores de la zona en operativos anteriores.


Cabello señaló que la orden presidencial amplía la operación hasta el estado Táchira e incluye la activación de la “zona de paz número uno”. “El presidente ha ordenado un refuerzo operacional especial de la, de la Operación Relámpago del Catatumbo y la ha ampliado hasta el estado Táchira con la zona de paz número uno. Y ha ordenado en una primera fase un despliegue de quince mil hombres y mujeres”, dijo el ministro.

En respuesta, Provea recordó que planes similares, como el “Escudo Bolivariano” y el mismo “Relámpago del Catatumbo”, lejos de reducir la presencia de grupos armados irregulares, incrementaron los abusos contra comunidades fronterizas. La organización sostuvo que la política de seguridad estatal privilegia el componente militar-policial sobre el desarrollo social e institucional.

El comunicado mencionó antecedentes como los estados de excepción decretados en 2015, que afectaron a 26 municipios de cuatro estados fronterizos. Según Provea, esas medidas resultaron en desplazamientos forzosos hacia Colombia, abusos contra indígenas Wayúu y Añú en Zulia, y violaciones de derechos humanos documentadas en Paraguaipoa y La Raya.

La ONG recordó denuncias de torturas, tratos crueles, asesinatos y allanamientos ilegales atribuidos a efectivos de la Brigada 13 de Infantería Motorizada del Ejército en la Guajira zuliana, así como la expulsión de más de 20.000 personas durante las Operaciones de Liberación del Pueblo en Táchira.

Provea advirtió que la nueva militarización ocurre en un contexto de “negación de la ciudadanía” y que las medidas, en lugar de restituir derechos, “afianzan una lógica excluyente” que genera revictimización de familias en zonas fronterizas.


noticierodigital

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