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Llegada del USS Gerald Ford al Caribe eleva a 15 mil los militares estadounidenses en la región

El envío del portaaviones USS Gerald Ford a aguas latinoamericanas incrementa la tensión en el continente, sobre todo, para el Gobierno de Nicolás Maduro, al que el presidente Donald Trump ha señalado en reiteradas ocasiones por presunto liderazgo de redes de  narcotráfico.


La llegada de este buque suma más de 15.000 efectivos militares, la mayor acumulación militar estadounidense en la región en décadas.

El Gerald R. Ford es el portaaviones de la Armada de Estados Unidos más grande y avanzado, con lo que la capacidad estadounidense para atacar barcos sospechosos de transportar drogas u objetivos en tierra firme en Venezuela aumenta.

En un comunicado, la Marina de Estados Unidos únicamente identificó el Atlántico occidental como la ubicación del Ford y de los tres buques de guerra que lo acompañaban.

De acuerdo con Infobae, un militar de alto rango dijo que los buques se habían desplazado a la región del Caribe, casi tres semanas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenara abruptamente que el portaaviones saliera del Mediterráneo oriental y se dirigiera a aguas en Latinoamérica, lo que representa una escalada sustancial del poderío militar estadounidense en el área.

La noticia de la llegada del Ford se dio un día después de que Hegseth anunciara que el domingo habían muerto seis personas en otros dos ataques contra embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en el este del océano Pacífico.

Los ataques más recientes aumentaron la cifra de muertos en la ofensiva a 76 personas en 19 ataques en el Pacífico y el mar Caribe desde principios de septiembre.

Los portaaviones ya han recorrido antes las aguas del Caribe y de Latinoamérica, en lo que la Marina estadounidense denomina giras de “buena voluntad”. Pero acortar por varios meses el despliegue previsto del Ford en el Mediterráneo y redirigirlo a la región para una posible misión de combate es algo muy inusual, dijeron oficiales y exoficiales de la Marina.

Sean Parnell, portavoz jefe del Pentágono, dijo en un comunicado el martes que las “fuerzas reforzarán la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar e interrumpir a los actores y actividades ilícitos que vulneran la seguridad y prosperidad del territorio nacional de Estados Unidos y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”.

Funcionarios del gobierno de Trump han aportado pruebas escasas de sus afirmaciones de que las personas que han fallecido en las embarcaciones traficaban con narcóticos. Los funcionarios afirman que estas se encontraban en aguas internacionales.

Un grupo variado de especialistas en las leyes que rigen el uso de la fuerza han denunciado las muertes como acciones ilegales debido a que el ejército estadounidense no está autorizado a atacar intencionadamente a civiles que no sean una amenaza de violencia inminente, ni siquiera a los sospechosos de ser delincuentes.

El gobierno afirma que los ataques son legales porque el presidente Trump ha “determinado” que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado formal con los cárteles de la droga.

Los especialistas jurídicos no son los únicos que cuestionan la justificación del gobierno. El Reino Unido ha dejado de compartir información de inteligencia con Estados Unidos sobre buques sospechosos de tráfico de drogas en el Caribe porque no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses y cree que los ataques son ilegales, según un funcionario occidental de alto rango, que habló bajo condición de anonimato para hablar de asuntos diplomáticos y de inteligencia.

Estados Unidos obtiene información de una variedad de fuentes, por lo que la pérdida de información del Reino Unido no afectará gravemente las operaciones estadounidenses en la región, señalaron varios funcionarios estadounidenses.

Sin embargo, la decisión del Reino Unido, de la que informó previamente CNN, representa un distanciamiento significativo de uno de sus aliados más cercanos, y resalta el escepticismo generalizado que rodea la justificación legal de los ataques del gobierno estadounidense.

El Pentágono señaló en un comunicado el martes que no hablaba de asuntos de inteligencia.

La llegada del Ford, que cuenta con más de 75 aviones de ataque, vigilancia y apoyo, incluidos cazas F/A-18, tiene implicaciones que van más allá de los ataques estadounidenses a barcos sospechosos de transportar drogas.

El gobierno de Trump también ha desarrollado una serie de opciones de acción militar en Venezuela, incluidos ataques directos contra unidades militares que protegen al presidente Nicolás Maduro y maniobras para tomar el control de los campos petrolíferos del país, según varios funcionarios estadounidenses.

Maduro ha sido imputado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, y Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. Funcionarios del gobierno de Trump aseguran que el venezolano no es un dirigente de una nación extranjera, sino un “fugitivo de la justicia estadounidense”, como ha dicho Marco Rubio, secretario de Estado y asesor interino de Seguridad Nacional.

Trump aún no ha tomado una decisión sobre si proceder o no. Funcionarios señalaron que Trump era reacio a aprobar operaciones que pudieran poner en peligro a los soldados estadounidenses o que pudieran convertirse en un fracaso vergonzoso.


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