Misión de la ONU para Venezuela acoge «con cautela» el proyecto de ley de amnistía

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela expresó este lunes una postura de “cautela” ante la aprobación en primera discusión por parte de la Asamblea Nacional del proyecto de ley de amnistía. El organismo advirtió que la medida no debería avanzar “sin una supervisión rigurosa que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y la participación segura y significativa de las víctimas, sus familiares y la sociedad civil”. 

Alex Neve, miembro de la misión, señaló en un comunicado publicado en el portal web de la ONU que la ley de amnistía representa “una oportunidad para brindar justicia y aliviar el sufrimiento de las numerosas personas que han sido detenidas ilegalmente por motivos políticos en Venezuela”. Sin embargo, subrayó que su efectividad depende de un “proceso transparente e inclusivo, que esté plenamente fundamentado en el derecho internacional de los derechos humanos”. 

“Esta ley tiene el potencial de contribuir a restituir derechos y reparar el tejido social de Venezuela, pero las voces de los incontables venezolanos cuyos derechos han sido vulnerados en las cárceles del país, así como las organizaciones de la sociedad civil que los han asistido y defendido, deben estar en el centro de este proceso”, añadió Neve.

La misión valoró positivamente que el texto del proyecto se haya hecho público, pero mostró “preocupación por la ausencia de consultas públicas informadas, inclusivas y seguras”. 

Aunque se creó una comisión para impulsar la consulta sobre el proyecto, insistieron en que una ley de esta magnitud requiere un “proceso transparente, con participación significativa de las víctimas, sus familiares y la sociedad civil, en condiciones que garanticen su seguridad y su capacidad de ejercer su derecho a la libertad de expresión”. 

“Preocupa que la amnistía se conceda únicamente respecto de delitos políticos y conexos, dejando fuera otras formas de criminalización, como la civil, administrativa, laboral o disciplinaria”, señaló María Eloísa Quintero, también experta de la misión. “Una amnistía de alcance limitado corre el riesgo de excluir a numerosas personas perseguidas por motivos políticos y no garantiza, por sí sola, la restitución plena de sus derechos”, añadió. 

Además, la misión precisó que, tal como está redactada, la ley podría no aplicarse a personas acusadas o condenadas por delitos que aparentemente no son políticos, como crímenes contra el patrimonio público, ni a quienes fueron procesadas “bajo instrumentos legales utilizados para restringir el espacio cívico y facilitar la persecución, así como causas tramitadas ante jurisdicción militar”. 

En este sentido, insistieron en que la ley debe incluir mecanismos claros de implementación, supervisión independiente y canales accesibles “para denunciar abusos”, evitando discrecionalidades indebidas. Quintero señaló que el procedimiento judicial de verificación debería contar con la participación de “víctimas, familiares, representantes y organizaciones de derechos humanos”, para impedir que la ley “se instrumentalice o se aplique de manera incompatible con los estándares internacionales”. “Esto es aún más importante, ya que no debemos olvidar la rendición de cuentas. Ninguna transición sostenible puede construirse sobre la impunidad”, afirmó.

Neve destacó que el proceso de liberación de personas detenidas por motivos políticos debe continuar sin interrupciones. 

“El debate legislativo sobre la ley de amnistía no puede retrasar las medidas urgentes necesarias para proteger sus derechos, especialmente a la luz de los informes que hemos recibido en las últimas semanas sobre el grave deterioro de la salud de personas detenidas, así como de muertes bajo custodia”, advirtió.

Los expertos de la misión también recordaron que la ley debe ir acompañada de “reformas estructurales” que eliminen el marco legal y las prácticas que han permitido la “persecución por motivos políticos, a fin de prevenir nuevas detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”. “Lo que se requiere en este momento crucial es una agenda integral y basada en consensos para la transición del país, plenamente fundamentada en estándares internacionales. La justicia, la verdad y la reparación para las víctimas deben estar en el centro de cualquier medida que busque abrir un camino democrático”, concluyó Quintero.

Finalmente, la misión afirmó que seguirá monitoreando de cerca la evolución y aplicación de la ley de amnistía y su “impacto en los derechos humanos y la rendición de cuentas en Venezuela”. 

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