EE. UU. reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos remitió una carta oficial al Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York en la que formaliza su postura legal y diplomática sobre Venezuela: Washington reconoce a Delcy Rodríguez como la «única jefa de Estado» con potestad de actuar en representación de la nación suramericana.

El documento, fechado el 10 de marzo y firmado por el embajador Michael G. Kozak —alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental—, fue enviado al fiscal estadounidense Jay Clayton. La misiva responde a una solicitud expresa emitida por el tribunal en enero de este año para esclarecer con quién deben tramitarse los litigios judiciales que involucran activos y demandas contra el Estado venezolano y sus anteriores autoridades.

En el texto legal, la administración estadounidense hace un recuento de su política exterior frente a Caracas. Reitera que desde el 23 de enero de 2019 no reconoce a Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela, estatus que mantiene hasta la actualidad. Así mismo, el documento describe legalmente al exgobernante como un «narcoterrorista acusado que espera juicio en una corte federal de los EE. UU. por sus delitos».

El giro diplomático central que notifica el Departamento de Estado se sustenta en los recientes anuncios de normalización de relaciones impulsados en marzo de 2026 por la administración de Donald Trump. La carta cita al propio presidente Trump, quien aseguró días atrás haber reconocido legal y formalmente al gobierno interino de Rodríguez.

Kozak argumenta ante la justicia neoyorquina que esta nueva fase diplomática busca propiciar la estabilidad, la recuperación financiera y una «transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente». Sin embargo, el funcionario advirtió que el deshielo en las relaciones no implica una flexibilización de los controles financieros, asegurando que el Departamento de Estado mantendrá bajo un estricto escrutinio las transacciones de las autoridades interinas y se reserva el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

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