OVP denuncia muerte de otros dos reos: uno tenía cinco meses esposado a una cama

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que, durante los primeros cinco días del mes de mayo, se registraron dos nuevas muertes de personas privadas de libertad bajo custodia del Estado venezolano, ambas asociadas a problemas de salud.

Las víctimas fueron identificadas como José Espinales, de 23 años, quien se encontraba recluido en la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara, y Francisco Segundo Ojeda, fallecido en el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, en Guárico.

De acuerdo con la organización, Espinales murió a causa de una enfermedad respiratoria que lo mantuvo hospitalizado durante más de cinco meses. Durante ese período, permaneció esposado a una cama, en condiciones que, según el OVP, vulneraron su dignidad. Además, su familia tuvo que asumir la totalidad de los gastos médicos, incluyendo tratamientos e insumos exigidos por el centro de salud.

El joven, oriundo del estado Yaracuy, falleció lejos de su lugar de origen, lo que —según la ONG— evidencia el desarraigo que enfrentan los reclusos trasladados y la carga que recae sobre sus familiares en medio de la crisis penitenciaria.

En cuanto al caso de Ojeda, el OVP indicó que responde a un patrón recurrente dentro del sistema carcelario venezolano: personas privadas de libertad que enferman sin recibir atención médica oportuna ni adecuada.

La organización subrayó que estos hechos no son aislados, sino parte de una práctica que ha venido documentando de manera sostenida. En ese sentido, advirtió que las muertes por motivos de salud han dejado de ser excepcionales y forman parte de la realidad penitenciaria del país.

El OVP afirmó que esta situación refleja violaciones sistemáticas por parte del Estado venezolano a los derechos a la vida, la salud y el trato digno de la población reclusa, incluyendo tanto a presos comunes como políticos.

Finalmente, la organización señaló que continuará elevando estos casos ante instancias internacionales de protección de derechos humanos y exigió al gobierno el cumplimiento del artículo 272 de la Constitución, que establece la obligación de garantizar un sistema penitenciario orientado a la rehabilitación y al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

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