OVP denunció al menos 14 muertes bajo custodia del Estado entre abril y mayo

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció en su cuenta de X que al menos 14 personas privadas de libertad murieron bajo custodia del Estado venezolano entre abril y los primeros días de mayo de 2026, en medio de la crisis que atraviesa el sistema penitenciario nacional.

La organización señaló que la víctima más reciente fue Leonel Enrique Rodríguez Ramos, recluido en la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara, quien falleció el pasado 10 de mayo tras presentar un paro respiratorio.

El OVP también incluyó en la lista el caso del exconcejal José Manuel Nazareth García Sabino, fallecido en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en Anzoátegui. Según la organización, inicialmente el hecho fue presentado por las autoridades como un presunto suicidio, pero posteriormente la necropsia habría determinado que la causa de muerte fue asfixia mecánica, por lo que el caso pasó a investigarse como homicidio.

“La muerte de García Sabino vuelve a poner sobre la mesa la gravedad de lo que ocurre dentro de los centros de detención y calabozos policiales en Venezuela”, advirtió la ONG.

Entre los fallecidos documentados desde abril también figuran José Espinales, recluido en Fénix; Francisco Segundo Ojeda, en el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio; Antonio José Manzano, en la antigua cárcel de El Marite; Yelamo Zárraga José Ramón, en Tocuyito; Rosqui Norberto Escalona, en Uribana; Deivi Enrique García, en Rodeo IV; y Ovidio José Madriz Mendoza, en Rodeo III.

Asimismo, el observatorio recordó las cinco muertes registradas en Yare III, un hecho que oficialmente fue atribuido a un presunto motín, aunque familiares denunciaron heridas por arma de fuego en los cuerpos de los internos.

El OVP sostuvo que el hacinamiento, la falta de atención médica, los traslados arbitrarios y la ausencia de garantías para la vida continúan agravando la situación dentro de las cárceles venezolanas.

“Mientras el régimen viola flagrantemente los derechos fundamentales de miles de privados de libertad, muchas familias siguen asumiendo gastos médicos, medicamentos, alimentos e insumos básicos que el sistema penitenciario debería garantizar”, expresó la organización.

Además, la ONG exigió investigaciones “exhaustivas e imparciales” sobre cada uno de los fallecimientos y aseguró que los casos continúan siendo documentados ante instancias internacionales de derechos humanos.

NoticieroDigital