La trama para aislar a Mauricio Claver-Carone del caso Venezuela y «flexibilizar» acciones contra Maduro

Una investigación de Politico reveló cómo empresarios petroleros, operadores políticos, consultores y figuras del entorno republicano impulsaron durante 2025 una intensa campaña para desplazar la influencia de Mauricio Claver-Carone en la política de Estados Unidos hacia Venezuela, buscando frenar la línea de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro y favorecer un esquema de flexibilización petrolera y financiera que beneficiara a compañías energéticas e inversionistas vinculados al negocio venezolano.

El principal objetivo de esa operación consistía en reducir el peso político que habían adquirido el secretario de Estado Marco Rubio y Claver-Carone dentro de la administración de Donald Trump, especialmente después de que ambos consolidaran una estrategia enfocada en sanciones, restricciones energéticas y presión diplomática contra Caracas. Sectores empresariales temían que una política de máxima presión terminara afectando sus inversiones, licencias petroleras y acuerdos comerciales relacionados con Venezuela.

En el centro de esa trama aparece el empresario Harry Sargeant III, un histórico inversionista petrolero con negocios vinculados a Venezuela desde hace décadas. El informe sostiene que Sargeant veía con preocupación el regreso de Claver-Carone al entorno de poder republicano debido al papel que desempeñó durante el primer mandato de Trump como uno de los arquitectos de la estrategia de sanciones contra Maduro.

Sargeant recurrió al excongresista republicano Aaron Schock para intentar construir una estructura política y comunicacional capaz de neutralizar la influencia de Claver-Carone dentro del gobierno estadounidense. A partir de allí comenzaron contactos, reuniones y operaciones de lobby dirigidas a impulsar una visión más pragmática hacia Caracas.

Dentro de esa estrategia apareció el nombre de Richard Grenell, enviado especial de Trump para misiones internacionales, a quien el grupo veía como una figura con mayor disposición a negociar con el gobierno venezolano. El informe señala que Schock trabajó para fortalecer políticamente a Grenell e intentar posicionarlo como un contrapeso frente al eje conformado por Rubio y Claver-Carone.

La publicación también menciona al consultor Benjamin Papermaster, quien posteriormente terminó distanciándose de la operación y asegurando que detrás de toda la iniciativa predominaban intereses económicos relacionados con petróleo, deuda venezolana y licencias energéticas. Según el reporte, Papermaster entregó documentos y comunicaciones a investigadores federales estadounidenses.

Uno de los aspectos más sensibles apunta a presuntas gestiones para influir sobre la narrativa pública dentro del movimiento conservador estadounidense. Operadores vinculados a la campaña buscaron apoyo de influencers, estrategas y comunicadores cercanos al trumpismo para promover mensajes favorables a una flexibilización hacia Venezuela.

En esa estructura aparecen nombres como Laura Loomer, Ryan Fournier, Juanita Broaddrick, Terrence Williams y Andy Surabian, además de la firma de relaciones públicas Forward Global, dirigida por Mike Rubino y Thomas Mathiasen. Parte de la estrategia consistía en presentar las restricciones petroleras contra Venezuela como un obstáculo para los intereses energéticos de Estados Unidos frente a China y Rusia.

El reporte también señala que figuras vinculadas al sector financiero y a los tenedores de deuda venezolana participaron en conversaciones orientadas a modificar la postura de Washington. Entre ellos aparece Hans Humes, director ejecutivo de Greylock Capital Management, así como representantes de Mangart Capital Management, Fidera y otros grupos de inversión interesados en una eventual estabilización económica venezolana que permitiera recuperar activos financieros.

También se menciona la participación del exfuncionario Juan González, quien durante la administración de Joe Biden estuvo involucrado en el Acuerdo de Barbados. Aunque González aseguró que sus aportes eran únicamente de análisis político, el informe sostiene que colaboró revisando documentos y estrategias relacionadas con la campaña comunicacional.

Pese al despliegue de operadores, reuniones y campañas mediáticas, la línea impulsada por Rubio y Claver-Carone terminó imponiéndose dentro de la Casa Blanca. La administración Trump mantuvo restricciones clave sobre Venezuela, revocó licencias petroleras y endureció nuevamente la presión económica sobre el gobierno venezolano.

Uno de los episodios más relevantes fue la decisión de cancelar licencias que permitían operaciones de compañías petroleras estadounidenses en Venezuela, incluyendo Chevron y negocios vinculados a Sargeant. Esa medida representó un duro golpe para los sectores que impulsaban un acercamiento pragmático con Caracas.

El texto retrata a Claver-Carone como uno de los funcionarios más firmes frente al gobierno venezolano, defendiendo una política enfocada en limitar los beneficios financieros y petroleros de Caracas mientras no existieran cambios políticos estructurales.

También describe tensiones internas dentro del trumpismo entre sectores más pragmáticos y grupos que defendían mantener la presión máxima contra Maduro. En ese contexto, Claver-Carone se convirtió en una figura incómoda para empresarios y operadores que apostaban por una flexibilización de sanciones.

El informe asegura que algunos actores de la campaña intentaron desacreditar públicamente a Claver-Carone y debilitar su posición dentro de la administración. Sin embargo, la estrategia terminó perdiendo fuerza cuando Trump reforzó la autoridad de Rubio sobre la política exterior estadounidense.

La investigación menciona igualmente el nombre de Víctor Cervino, identificado como un aliado de la línea dura hacia Venezuela, así como reuniones sostenidas por Schock con figuras republicanas y operadores cercanos a Trump para intentar mantener influencia dentro de la discusión sobre Caracas.

Otro de los elementos destacados es que sectores empresariales argumentaban que las sanciones terminarían beneficiando a China, Rusia e Irán al desplazar a compañías estadounidenses del mercado venezolano. No obstante, Rubio y Claver-Carone insistieron en priorizar consideraciones de seguridad, narcotráfico y estabilidad regional.

El reportaje también revela que la disputa trascendió el ámbito energético y se trasladó al terreno comunicacional, con campañas digitales dirigidas a moldear la percepción de la base conservadora estadounidense respecto a Venezuela y las sanciones.

Mientras operadores como Schock, Papermaster y Sargeant intentaban ganar espacio político, Claver-Carone mantuvo influencia dentro del círculo republicano y posteriormente continuó vinculado como asesor externo en asuntos venezolanos.

La publicación concluye que, pese al despliegue de recursos financieros y campañas de presión, el grupo que buscaba suavizar la política estadounidense hacia Venezuela no logró desplazar completamente la estrategia defendida por Rubio y Claver-Carone.

Incluso después de abandonar formalmente funciones dentro del gobierno, Claver-Carone siguió siendo consultado sobre temas relacionados con Venezuela y participó en discusiones vinculadas a deuda soberana, sanciones y reorganización financiera del país.

Para sectores republicanos alineados con la presión contra Maduro, el fracaso de esa operación confirmó que la política hacia Venezuela no podía quedar condicionada por intereses empresariales o energéticos, sino por objetivos estratégicos y de seguridad hemisférica.

NoticieroDigital