AN aprobó en primera discusión proyecto de reforma para promover la construcción de viviendas tras terremotos
La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes, en primera discusión y por unanimidad, el proyecto de reforma parcial de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, en el contexto de la emergencia generada por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.
La propuesta fue presentada durante la sesión ordinaria de este 14 de julio, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), por el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, quien explicó que la iniciativa busca promover la construcción de viviendas con un marco jurídico adaptado a los «nuevos tiempos».
Según indicó, la reforma apunta a garantizar «mejores condiciones, seguridad jurídica y capacidad de financiamiento» para que el sector privado inicie un «proceso agresivo, acelerado de construcción de viviendas» destinadas a las familias afectadas por el doblete sísmico.
Infante explicó que uno de los principales cambios plantea «destrabar el esquema de precios rígidos», con el fin de que las partes puedan acordar «mecanismos de estabilización del saldo deudor en función de las fluctuaciones reales del mercado constructivo».
«En la exposición de motivos queda claro (…) superar el esquema de precio rígidamente fijo que impide absorber las variaciones de los costos de materiales e insumos durante la ejecución de las obras, permitiendo que las partes acuerden libremente mecanismos de estabilización del saldo deudor en función de las fluctuaciones reales del mercado constructivo», explicó.
Asimismo, señaló que la reforma plantea «resolver» el límite legal restrictivo de 24 meses para culminar los proyectos habitacionales y propone que el plazo de ejecución quede sujeto al acuerdo entre las partes involucradas.
Otro de los aspectos contemplados en el proyecto es la flexibilización del régimen de rescisión de contratos por incumplimiento de pago. De aprobarse la modificación, el constructor podrá dar por terminado el contrato de manera directa cuando el comprador acumule dos meses consecutivos de mora, sin necesidad de esperar 90 días ni tramitar una autorización administrativa previa.
El parlamentario agregó que la propuesta también elimina la «responsabilidad solidaria» que la normativa actual imponía a las instituciones bancarias que otorgan créditos para el desarrollo de proyectos, con el objetivo de estimular la participación de la banca como «agente facilitador de recursos, eliminando riesgos regulatorios desproporcionados que paralizan el crédito promotor».
Infante sostuvo que la reforma busca ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a constructores como a entidades financieras, sin dejar de proteger los derechos de quienes adquieren viviendas.
En ese sentido, afirmó que las modificaciones forman parte de la estrategia de reconstrucción impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y consideró que permitirán acelerar la respuesta habitacional para las familias que perdieron sus hogares tras los terremotos.
«Es fundamental desatar los nudos, crear mejores condiciones de seguridad jurídica, pero también de equilibrio jurídico (…) para que toda la capacidad del Estado, sumada a la capacidad privada en construcción de vivienda, se ponga a disposición del plan Venezuela Renace y garantizarle a nuestro pueblo el derecho a la vivienda», concluyó.
Proyecto para estimular el mercado de alquileres
Durante la misma sesión, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, una propuesta orientada a incentivar el mercado de alquileres.
Infante indicó que el texto tomará en cuenta la protección tanto de los propietarios como de los inquilinos y establece la prohibición de arrendar inmuebles ubicados en «zonas de alto riesgo o en estructuras precarias».
«Por un lado seguridad jurídica y por otro lado equilibrio jurídico en función de que puedan desamarrarse los nudos que tienen frenado este mercado de alquiler», afirmó.
El diputado agregó que uno de los ejes centrales del proyecto es la «desjudicialización y celeridad» para buscar vías expeditas que permitan resolver controversias de manera más rápida y reduzcan la carga del sistema de justicia ordinario.
La propuesta también autoriza que las partes acuerden «libremente» un pago promedio y «su indexación en caso de prórroga», con el fin de impedir la «especulación» y proteger el «valor real del dinero frente al fenómeno inflacionario».
Infante precisó que el proyecto está estructurado en cuatro capítulos que reúnen un total de 27 artículos.
ElCooperante