La demolición exprés en las zonas devastadas es más una carrera contra las pruebas de la ingeniería forense

Miraflores no se apresuró a socorrer a las víctimas el día del doblete sísmico, pero ahora vuela, con maquinarias por todos los flancos, para reubicar estratégicamente los escombros de la devastación. ¿El objetivo? evitar la ingeniería forense en las zonas afectadas que confirmen, ante el mundo, que sus desarrollos habitacionales no cumplían con las normas básicas de la construcción segura.

Los gremios de ingeniería, geólogos y peritos estructurales han denunciado que la remoción descontrolada de los bloques de concreto destruye las evidencias físicas de un colapso que, según las normativas vigentes, nunca debió ocurrir.

El debate apunta directamente hacia la falta de fiscalización y las presuntas irregularidades en los complejos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y cualquier desarrollo habitacional impulsado desde el propio chavismo.

La urgencia gubernamental por restablecer la normalidad contrasta con la exigencia técnica de congelar las escenas para estudiar la física del colapso, un paso indispensable para determinar si el origen del desastre radica en la fuerza de la naturaleza o en un fraude de construcción.

El peritaje científico bajo la lupa de los medios

La ingeniería forense es la única herramienta capaz de descifrar el comportamiento de los materiales bajo estrés sísmico. Sin embargo, el retiro inmediato del material impide evaluar el diseño estructural.

El ingeniero estructural Luken Ignacio Quintana, fundador de la iniciativa SismoAyuda VE, alertó públicamente sobre esta práctica en entrevista con NTN24. Quintana señaló con firmeza que "notificamos que no se deberían remover escombros sin culminar las labores de búsqueda" y enfatizó que las evidencias físicas deben preservarse obligatoriamente para ser analizadas por expertos antes de alterar la zona del desastre.

Esta preocupación es compartida por el sector privado de la construcción. Gustavo García Carrasquero, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, instó a las autoridades a establecer un marco obligatorio de ingeniería forense para la recolección de los restos materiales. En una declaración formal.

García Carrasquero explicó que se requieren "investigaciones de ingeniería patológica y forense para determinar las causas del daño estructural". Sostiene que el proceso no puede quedar relegado a un criterio burocrático, sino que debe responder a un análisis controlado científicamente para documentar las razones técnicas del evento.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) ha intentado frenar las demoliciones exprés de aquellas estructuras que quedaron en pie pero con daños severos.

Su presidente, el ingeniero Enzo Betancourt, aclaró en recientes declaraciones que "la etiqueta roja no es sinónimo de demolición automática". El directivo gremial puntualizó que estas estructuras deben ser sometidas obligatoriamente a otras fases de evaluación técnica y peritaje profundo antes de que el Estado use maquinaria pesada para derribarlas.

El impacto del sismo reabrió el expediente del histórico sismo de Caracas de 1967, un evento de magnitud 6.6 que provocó el colapso de varias estructuras modernas y dejó más de 200 víctimas fatales. Aquella tragedia transformó la ingeniería venezolana y dio origen a la primera norma sismorresistente del país en 1982, la cual fue actualizada rigurosamente tras el terremoto de Cariaco de magnitud 6.9 en 1997. El marco legal técnico del país es robusto, lo que hace que los derrumbes recientes de edificaciones nuevas generen tantas sospechas en el ámbito académico y profesional de la construcción.

El ingeniero y exrector de la Universidad Metropolitana sostuvo, en entrevista con este diario, que a principios de la década de los dos mil, se entregó un plan estratégico conjunto de la UNIMET junto con la Universidad de Harvard (EEUU) que contemplaba un plan integral para la zona del litoral central, un proyecto de largo aliento que llamaba a recomponer el urbanismo de lo que hay sido declarado la zona cero, pero el chavismo engavetó la investigación, la misma postura que mostró con los expertos japoneses en sismología que entregaron a Miraflores cerca de 2005 un plan que advertía de los graves riesgos de la zona sísmica.

El geólogo Franck Audemard, profesor titular y exinvestigador especializado en tectónica, fue contundente durante una entrevista en el espacio político La Conversa con la Luz transmitido por medios de la Alianza Rebelde Investiga. Audemard afirmó categóricamente que "no deberíamos haber tenido colapsos de edificios con una magnitud 7,5 si se respetaban las normas sismorresistentes".

Las declaraciones del geólogo ponen el foco en la cadena de responsabilidades penales y civiles que involucra tanto a los entes contratantes del Estado como a las empresas constructoras que ejecutaron los proyectos omitiendo la fiscalización obligatoria.

La discusión sobre la calidad de las obras se cruza con las denuncias ciudadanas sobre el uso de poliestireno expandido, conocido localmente como anime, en los núcleos de las estructuras colapsadas.

Si bien las plataformas de verificación técnica recuerdan que este es un componente legítimo para aligerar losas o aislar paredes, los peritos insisten en que solo una inspección independiente y científica determinará si el material sustituyó de forma negligente o corrupta al concreto armado en los elementos de carga.

En el fondo del desastre

El problema real del parque residencial venezolano no radica en los manuales de ingeniería, sino en la ausencia de controles gubernamentales.

A medida que los camiones de carga pesada trasladan los bloques fragmentados hacia vertederos improvisados en la periferia de las ciudades e incluso en orillas de playas afectando gravemente tales espacios, se reduce la posibilidad de ejecutar auditorías técnicas transparentes.

Para los gremios profesionales de Venezuela, la desaparición forzada de los escombros representa el cierre anticipado de una investigación criminal que la ingeniería nacional necesita documentar para evitar futuras tragedias.

Denunciando al régimen

Los gremios profesionales han comenzado a activar mecanismos institucionales y legales para exigir rendición de cuentas a Miraflores.

En un primer paso formal el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) acudió formalmente ante la Defensoría del Pueblo para consignar un documento exigiendo la fiscalización perentoria de los sistemas de transporte vertical y estructuras paralizadas tras el sismo.

Richard Casanova, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del CIV, explicó mediante declaraciones difundidas en plataformas gremiales de Instagram que están instando a los organismos competentes para que se ajusten estrictamente los protocolos de habitabilidad a las normativas internacionales y nacionales vigentes.

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