ONG denuncia violación de derechos humanos contra cinco ciudadanos “sometidos a persecución penal”
La ONG Justicia y Transparencia anunció que presentará ante el Comité de Revisión del Poder Judicial una denuncia por presuntas violaciones graves de derechos humanos y vulneraciones al debido proceso en los casos de cinco personas que, según la organización, estarían siendo sometidas a persecución penal por razones políticas.
La organización señaló que fundamentará su actuación en el artículo 123 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), que establece que “la Defensoría del Pueblo y cualquier persona natural o asociación de defensa de los derechos humanos podrán presentar querella contra funcionarios o funcionarias, o empleados públicos o empleadas públicas, o agentes de las fuerzas policiales, que hayan violado derechos humanos en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas”.
De acuerdo con Justicia y Transparencia, los casos que serán consignados corresponden a Miguel Ángel Sánchez, Richard R. Ramírez G., Alexander Navas C., María Luisa Sucre O. y Luis E. Bravo P., expedientes que, aseguró la ONG, serán presentados con la documentación que sustenta sus señalamientos.
La organización sostuvo que estas personas han sido objeto de “persecución penal” y que en sus respectivos procesos se habrían construido acusaciones “sin pruebas, a base de conjeturas y pruebas imaginarias”.
Como ejemplo, mencionó los casos de Miguel Ángel Sánchez y Richard R. Ramírez G., que, aunque corresponden a expedientes separados, presuntamente presentan una estructura probatoria similar. Según la ONG, en ambos procesos se habría recurrido a la figura de un supuesto “agente oculto” para identificar a los acusados.
Justicia y Transparencia también cuestionó el manejo de evidencias telefónicas que, según afirmó, fueron incorporadas a los expedientes sin que se conozca claramente su procedencia ni exista, a su juicio, una cadena de custodia debidamente acreditada. La organización señaló además presuntas inconsistencias relacionadas con el vaciado y análisis de esos dispositivos.
La Fiscalía acusadora está consciente de que no hay prueba, que acusaron porque se les ordenó de arriba”, afirmó la ONG, al cuestionar la actuación de los fiscales encargados de estos procesos.
La organización adelantó que llevará sus señalamientos ante “todas las instancias” que considere pertinentes y que sus representantes tendrán presencia durante los juicios, con el propósito de dar seguimiento a los procedimientos y denunciar eventuales vulneraciones a los derechos humanos y al debido proceso.
Justicia y Transparencia reiteró que su actuación estará orientada a documentar los casos y exigir garantías judiciales para las personas involucradas, en medio de los cuestionamientos formulados por la organización sobre el sustento probatorio de las acusaciones.
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