Con 25 votos a favor: ONU extiende el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó este martes la resolución A/HRC/63/L.18 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en la que decidió prorrogar por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre el país.


La resolución fue aprobada con 25 votos a favor, cinco en contra y 17 abstenciones, durante el 63er período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se desarrolla entre el 7 de septiembre y el 7 de octubre de 2026.

Los cinco países que votaron en contra fueron Burundi, China, Cuba, Egipto y Vietnam.

Mientras que Angola, Benín, Bolivia, Brasil, República Democrática del Congo, Etiopía, Ghana, India, Indonesia, Irak, Kenia, Kuwait, México, Pakistán, Catar, Sudáfrica y Tailandia se abstuvieron.

En el punto 7 de la resolución, el Consejo de Derechos Humanos decidió prorrogar por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecido mediante las resoluciones 42/25, 45/20 y 57/36 del organismo.

El Consejo solicitó además a la misión que presente informes orales actualizados sobre su trabajo durante los períodos de sesiones 64º y 67º. Para los períodos 66º y 69º deberá entregar informes con sus conclusiones y recomendaciones sobre las posibles medidas que el Consejo debería adoptar en el futuro.

Asimismo, el organismo pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que continúe vigilando la situación venezolana y que presente informes actualizados y exhaustivos en próximos períodos de sesiones.

En el texto, el Consejo expresó su «preocupación» por las continuas y graves violaciones y abusos de los derechos humanos en Venezuela, así como por sus efectos sobre mujeres y niñas, personas de edad, personas con discapacidad, niños, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, pueblos indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

El organismo también manifestó «deficiencias» en el respeto del Estado de derecho, el espacio cívico y la independencia del sistema judicial, al considerar que estas situaciones» contribuyen a la impunidad, afectan el acceso a la justicia y dificultan la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas».

Por otra parte, el documento destaca el reciente restablecimiento de la cooperación y el diálogo entre Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

También reconoce las medidas iniciales adoptadas por las autoridades venezolanas, incluida la puesta en libertad de personas «recluidas arbitrariamente», y alienta a continuar avanzando hacia el restablecimiento del Estado de derecho y la construcción de un «espacio cívico abierto e inclusivo».

En particular, plantea la necesidad de «negociaciones sustantivas y de buena fe sobre reformas electorales y judiciales que reflejen las aspiraciones del pueblo venezolano».



Venezuela rechazó la renovación de la misión

Tras la aprobación de la resolución, la delegación venezolana afirmó que «no acompaña la renovación» del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos.

Durante su intervención en el 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, los representantes venezolanos reconocieron que el texto aprobado incorpora «modificaciones importantes respecto de resoluciones anteriores» y que redujo algunos de sus elementos «más confrontacionales».

La delegación también valoró la reanudación de la cooperación y el diálogo entre Venezuela y la Acnudh, al considerar que refleja una disposición para avanzar hacia una relación con Naciones Unidas basada en el diálogo, la cooperación y la asistencia técnica.

Sin embargo, sostuvo que persisten sus «reservas de principio» y afirmó que «ha llegado el momento de superar mecanismos de escrutinio establecidos sin el consentimiento del Estado concernido».

Venezuela planteó que deben impulsarse mecanismos de cooperación que produzcan resultados concretos y sostenibles, y cuestionó la continuidad simultánea de mecanismos de seguimiento, especialmente ante la reanudación de su cooperación con la Acnudh y los desafíos financieros que enfrenta Naciones Unidas.

La delegación también defendió que cualquier futura renovación contemple una vía para la terminación del mecanismo y sostuvo que los mecanismos extraordinarios «no deberían perpetuarse indefinidamente ni renovarse de manera automática».

«Venezuela considera pertinente avanzar hacia una cláusula que permita una transición hacia un esquema basado en el diálogo, la cooperación y la asistencia técnica», expresó.

Asimismo, aseguró que el país participa en los mecanismos universales del sistema de derechos humanos, incluido el Examen Periódico Universal, cuyo próximo ciclo se encuentra en preparación.

La posición expresada este martes coincide con la postura que la delegación venezolana había planteado en septiembre, cuando pidió al Consejo de Derechos Humanos no renovar la misión.

En esa oportunidad, el ministro consejero de la misión venezolana ante Naciones Unidas, Enzo Bitteto, cuestionó que el mecanismo haya sido creado y extendido sin el consentimiento de Venezuela y puso en duda su imparcialidad, objetividad y rigor.

Bitteto defendió las medidas adoptadas por las autoridades venezolanas, entre ellas una Ley de Amnistía, un programa para la paz y la convivencia democrática, reformas judiciales y medidas sustitutivas de privación de libertad.

También sostuvo que los informes de la misión se apoyan en fuentes secundarias y terciarias y cuestionó los resultados obtenidos después de varios años de funcionamiento.

¿Qué es la Misión de Determinación de los Hechos?

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela fue creada el 27 de septiembre de 2019, mediante la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos.

Su mandato inicial fue de un año y tuvo como objetivo investigar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014.

Posteriormente, el Consejo prorrogó su mandato mediante nuevas resoluciones, hasta la decisión adoptada este martes de extenderlo por otros dos años.


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