AN reforma la ley eléctrica para atraer inversión privada y Jorge Rodríguez aclara que no hay privatización
La Asamblea Nacional, controlado por el chavismo, aprobó este martes 10 de noviembre por unanimidad la reforma parcial de la ley eléctrica que busca propiciar la inversión privada y extranjera en el sector y cuya participación estaría condicionada por el Ministerio de Energía Eléctrica.
La aprobación de la norma llega en medio de una prolongada crisis eléctrica, que se agravó este año con apagones que alcanzan las 6 horas diarias y ya han ocasionado protestas ciudadanas en diferentes regiones de Venezuela.
La reforma a Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que fue aprobada luego de tres aplazamientos del debate definitivo, establece que la actividad de generación «será ejercida por la empresa operadora del Estado, así como por empresas mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente».
Sin embargo, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, aclaró que la norma no implica la privatización del sector. «La Ley no promueve, en modo alguno, la privatización del Sistema Eléctrico Nacional, sino la apertura para que sectores privados puedan incorporarse a la generación, a la autogeneración de electricidad y puedan, en ese sentido, obtener algún tipo de transacción comercial sobre esa electricidad», precisó.
Privados condicionados
El nuevo marco jurídico abre las puertas al capital privado y permite a empresas particulares producir, comercializar y vender electricidad, pero bajo condiciones reguladas y con el fin de inyectar recursos externos al deteriorado Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Una de las condiciones es que las concesiones a empresas privadas podrán ser otorgadas hasta por un plazo máximo de 25 años, que pueden ser revocadas por el Ministerio de Energía Eléctrica y cuyas inversiones pertenecen al Estado, según la norma.
Las concesiones serán otorgadas por el Ministerio de Energía Eléctrica para una generación que supere los 50 megavatios (MW) o que involucre o afecte «bienes de dominio público, sistemas de transmisión troncal, distribución y comercialización en áreas de servicio exclusivo o sistemas integrados de escala regional», reza el texto.
Una vez concluida la habilitación, la empresa operadora deberá restituir y transferir a la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) o a «quien se designe, libres de gravámenes, todos los bienes incorporados, construidos o adquiridos durante su vigencia».
Sector petrolero
Sobre las empresas petroleras, la ley establece que deben «asegurar y garantizar el suministro continuo, regular, confiable, suficiente y estable de energía eléctrica para la ejecución de las actividades primarias, mediante modelos de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros, dirigidos a asegurar su autonomía operativa».
Las compañías petroleras y las sociedades de generación eléctrica independiente no requieren autorización del Estado «para generar energía destinada a sus redes internas, salvo cuando se interconecten» a la red nacional.
Venezuela sufre una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado. Una de las principales razones es que Corpoelec mantiene un déficit de generación que le impide cubrir la demanda eléctrica nacional, que supera los 15.000 megavatios, según reportes de la estatal conocidos por El Pitazo.
Esos informen también indican que más del 80 por ciento del parque termoeléctrico está fuera de servicio por averías y falta de mantenimiento.
Con información de EFE / ElPitazo
