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Excarcelan a dos presos por el caso Paramacay: ¿qué se sabe de la sentencia del capitán Caguaripano?

La organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia confirmó este miércoles, 11 de noviembre, la excarcelación de Dídimo Antonio Pernía Bastidas y Óscar Alejandro Caamaño Valero, quienes permanecían privados de libertad desde agosto de 2017 y habían sido condenados a 30 años de prisión por su presunta vinculación con el caso Paramacay.


A través de sus canales oficiales, la organización defensora de derechos humanos detalló que Pernía fue víctima de tratos crueles e inhumanos durante su reclusión. En el caso de Caamaño, precisó que fue procesado en un tribunal civil pese a habérsele imputado delitos de naturaleza militar.



Las liberaciones ocurren el mismo día en que la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones y Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo —presidida por el juez Carlos Bonilla Álvarez— publicó una boleta de notificación fechada el 9 de noviembre sobre el expediente de la denominada Operación David. El documento convoca formalmente a las partes para la audiencia de imposición de la sentencia el próximo martes 17 de noviembre a las 10:00 a. m.



El fallo contra Caguaripano

Aunque en el ámbito judicial y en redes sociales trascendió la versión de que el tribunal ratificó la pena máxima de 30 años de prisión contra el capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Carlos Caguaripano Scott, abogados y familiares dijeron a El Pitazo que no habían podido leer la sentencia.

No obstante, horas más tarde, el coordinador del Foro Penal en el estado Carabobo, Luis Armando Betancourt, confirmó durante una transmisión en vivo que la Sala 2 de la Corte de Apelaciones desestimó los recursos y cuestionamientos presentados por la defensa para continuar conociendo la causa, mientras el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no se pronunció.

Betancourt precisó que el juzgado ratificó la pena máxima de 30 años de prisión contra 15 procesados: Juan Carlos Caguaripano, Dixon Jiménez, Oswaldo Gutiérrez, Luis Mariño, Víctor Cisneros, Alberto Polo, Robert Salas, Darwin Estrada, Juan Machado, Larry Briceño, Solís Benítez, Jeferson García, Juliani Espinoza, Jorge Alayeto Bigott y Gabriel Barros.

A otro grupo de detenidos el tribunal les modificó la sentencia o les rebajó la condena original de 30 años:

*Pena cumplida y libertad: Óscar Caamaño y Dídimo Pernía fueron sentenciados a tres años de prisión; como ya cumplieron nueve años tras las rejas, se ordenó su excarcelación, aunque el abogado advirtió que Caamaño aún permanece en la cárcel para la hora. En el caso de José Rengifo, ya gozaba de libertad.

*Reducción de condenas: Jesús Enrique Jordán y Omar Escalante recibieron una pena de 15 años (este último mantiene una medida sustitutiva de libertad por razones de salud), mientras que a Rafael Castellano y Juan Castillo les rebajaron la condena a 14 años.

El jurista calificó la decisión de «ilegal» y denunció que el fallo intenta aparentar equilibrio otorgando libertades y rebajas en medio de un proceso viciado desde su origen.

«Aquí la vulneración de los derechos humanos y la violación sistemática fue evidente y flagrante. La Constitución dice que cuando hay estas violaciones todos los demás actos deben caer, incluso las medidas cautelares», subrayó Betancourt al recordar que los detenidos sufrieron torturas, tratos crueles, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

Finalmente, el representante del Foro Penal exhortó a los familiares a mantener la firmeza ante la próxima renovación de magistrados del TSJ, expresando su expectativa de que se seleccionen perfiles probos que revisen el caso. «No perdamos la fe. Esta es una cadena de resistencia y no de velocidad», concluyó.

Meses de dilaciones y denuncias previas

La convocatoria para notificar el veredicto llega tras meses de irregularidades procesales documentadas por El Pitazo. El pasado 26 de agosto, luego de una audiencia oral de más de seis horas, la Corte de Apelaciones de Carabobo se había reservado un lapso legal de 10 días hábiles para decidir si anulaba, modificaba o ratificaba las condenas impuestas en diciembre de 2025 contra Caguaripano y otros 22 civiles y militares por rebelión militar y traición a la patria.

Sin embargo, la decisión nunca se emitió en ese plazo. A principios de octubre, la esposa del capitán, Irene Olazo —quien reside exiliada en Costa Rica—, alertó a este medio que el expediente había sido retirado de forma irregular de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones. Días después, el 15 de octubre, Olazo calificó los retrasos como una forma de «tortura» psicológica tras ordenarse el traslado administrativo del caso a la Sala 2, lo que obligó a repetir el debate oral el 28 de octubre.

El proceso judicial se remonta al 6 de agosto de 2017, cuando un grupo de militares y civiles comandados por Caguaripano tomó el Fuerte Paramacay, sede de la 41.ª Brigada Blindada en Valencia, y sustrajo armamento. Desde su captura, familiares y defensores han denunciado el deterioro físico del oficial —recluido en una celda de aislamiento de dos por dos metros en el penal El Rodeo I— y las secuelas de las torturas sufridas bajo custodia estatal.


ElPitazo