Muere otro reo bajo custodia del Estado: reportan 17 fallecidos entre abril y mayo
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de Yussedt Ernesto Escalona Mejías, de 48 años, mientras permanecía recluido en el Centro Penitenciario Hombre Nuevo Libertador, en Tocuyito, estado Carabobo.
Según la organización, el fallecimiento ocurrió bajo custodia del Estado venezolano y eleva a 17 el número de personas privadas de libertad que han muerto entre abril y lo que va de mayo de 2026 en distintos centros de reclusión del país.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el OVP advirtió que esta cifra refleja “el agravamiento de la crisis penitenciaria y el abandono” en el que permanecen miles de presos sociales en Venezuela.
La ONG señaló que, mientras algunos casos logran generar atención pública, la situación de los presos comunes continúa invisibilizada dentro del sistema penitenciario venezolano.
Esa invisibilización también mata”, afirmó la organización, al denunciar que numerosos reclusos pasan años sometidos al retardo procesal, enfermedades sin tratamiento, hambre, traslados arbitrarios, extorsiones y condiciones de reclusión incompatibles con la dignidad humana.
El OVP aseguró que muchos privados de libertad fallecen sin que exista una investigación “real”, sin justicia y, en ocasiones, sin que sus nombres trasciendan fuera del penal donde murieron.
Fallecimientos en las últimas semanas
La organización indicó que, en las últimas semanas, ha documentado las muertes de José Espinales, Willian Jonás Colina Delgado, Leonel Enrique Rodríguez Ramos, Gregorio Antonio Arias, Francisco Segundo Ojeda, Antonio José Manzano, Ovidio José Madriz Mendoza, Deivi Enrique García, Rosqui Norberto Escalona, José Ramón Yelamo Zárraga y ahora Yussedt Ernesto Escalona Mejías.
De acuerdo con el OVP, algunos murieron por enfermedades respiratorias y tuberculosis, mientras que otros perdieron la vida en hechos violentos que aún no han sido esclarecidos.
Todos tenían algo en común: estaban bajo responsabilidad directa del régimen venezolano”, expresó la ONG, que cuestionó que estos casos desaparezcan rápidamente de la discusión pública “como si sus vidas valieran menos por tratarse de presos sociales”.
El Observatorio recordó que el artículo 43 de la Constitución venezolana establece la obligación del Estado de proteger la vida de las personas privadas de libertad.
Sin embargo, sostuvo que la realidad en las cárceles venezolanas muestra centros penitenciarios donde el abandono, la violencia y las enfermedades “siguen funcionando como mecanismos silenciosos de castigo”.
Ante esta situación, la organización exigió que cada una de las muertes sea investigada y pidió que los presos sociales “no continúen desapareciendo también de la memoria pública”.
Porque no son números, son seres humanos. Mirar hacia otro lado también perpetúa la impunidad”, concluyó el comunicado.
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