Ministerio de Educación Universitaria anuncia Plan de Protección para estudiantes afectados por irregularidades de la UBA-Táchira
El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria emitió un comunicado oficial en el que anuncia nuevas acciones para atender la crisis que afecta a cientos de estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua en su extensión Táchira (UBA-Táchira), cuya situación legal lleva meses bajo investigación del ente rector.
El despacho ratificó que no tolerará la oferta de programas académicos al margen de las autorizaciones legales y anunció que presentará un informe técnico de la Comisión Ad Hoc en la próxima sesión ordinaria del Consejo Nacional de Universidades (CNU), organismo que evaluará las medidas a aplicar tanto a la institución como en favor de los estudiantes perjudicados.
Un problema que viene desde 2025
La crisis de la UBA-Táchira se hizo pública en 2025, cuando el entonces ministro de Educación Superior, Ricardo Sánchez, reveló durante una sesión ordinaria del CNU que la universidad se encontraba bajo investigación por ofrecer carreras sin autorización oficial en su modalidad a distancia, a través de la plataforma Createc y la denominada extensión Táchira.
"El Ministerio para Educación Universitaria no reconoce las supuestas actividades académicas llevadas a cabo en la Universidad Bicentenaria de Aragua en sedes no autorizadas", afirmó Sánchez en aquella oportunidad, señalando además que existían al menos 700 expedientes curriculares registrados bajo figuras académicas no autorizadas.
La extensión había egresado a más de cinco mil profesionales en carreras de alta demanda como Psicología, Derecho, Comunicación Social e Ingeniería, a través de una modalidad multimodal que resultó atractiva para los tachirenses. Sin embargo, la sede nunca llegó a ser oficializada, pese a que la administración regional aseguró haber elevado solicitudes al ministerio desde 2019.
El Plan de Protección Estudiantil
La medida central anunciada en el comunicado del viernes es un Plan Nacional de Protección Estudiantil de carácter excepcional, orientado exclusivamente a salvaguardar los derechos académicos de los alumnos afectados.
plan contempla fórmulas técnicas que permitirían certificar la regularidad de los estudios cursados, garantizar la prosecución de las carreras y asegurar la validez jurídica de los futuros títulos profesionales.
El ministerio exhortó a los estudiantes, graduandos y sus familias a mantener la confianza en las instituciones del Estado, precisando que el Gobierno Bolivariano buscará "una salida que combine el rigor de la ley con la protección de los derechos de nuestros estudiantes".
La angustia de los afectados
Desde finales de 2025, graduandos de las cohortes 2024-3, 2025-1 y 2025-2 vienen denunciando públicamente la demora en la entrega de sus diplomas y la incertidumbre sobre la validez de sus estudios. "Cumplimos con disciplina, esfuerzo y el pago puntual. Realmente merecemos nuestros títulos", expresaron estudiantes a través de las redes sociales del Ministerio .
La respuesta del anterior ministro en aquel entonces fue categórica: "No se puede cumplir con una carga académica de una extensión que no existe, una sede que no existe y una modalidad que no existe. La institución debe responder al Estado venezolano y darle la cara a los afectados".
Proyección
La próxima sesión ordinaria del CNU será clave De las decisiones que adopte el organismo dependerá la valides académica de cientos de jóvenes tachirenses que cursaron la polémica modalidad así como el alcance de las sanciones que recaigan sobre la Universidad Bicentenaria de Aragua.
Globovision
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