Llega a la CIDH primera denuncia formal por víctima de bombardeo de lanchas en el Caribe

La familia de un pescador colombiano, Alejandro Carranza,ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) tras denunciar su muerte, presuntamente causada por un ataque militar de EE. UU. contra una embarcación en aguas del Caribe.

La acción, presentada por el abogado estadounidense Dan Kovalik en representación de la esposa e hijos de Carranza, constituye la primera demanda formal vinculada a este tipo de operaciones.

Según la denuncia, Carranza perdió la vida el 15 de septiembre como resultado directo de un operativo estadounidense, y la familia pide que se investigue a los responsables, se reparen los daños y se revise la legalidad de estas operaciones. El documento acusa al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de ordenar ataques en embarcaciones menores, y señala que esos bombardeos fueron avalados posteriormente por el presidente Donald Trump.

Esta demanda llega en medio de una serie de acciones militares iniciadas por Washington desde comienzos de septiembre contra lo que considera “narco-navíos” en el Caribe, operaciones que, según reportes citados, habrían causado al menos 83 muertes. EE. UU. justifica estos ataques invocando el derecho de los conflictos armados, bajo el argumento de que los ocupantes de dichas embarcaciones formarían parte de organizaciones criminales transnacionales que representan una amenaza para su seguridad.

Por su parte, la versión oficial reconoce que Carranza era pescador de profundidad y que su embarcación emitió una señal de socorro tras sufrir un desperfecto en el motor; al mismo tiempo, no descarta que, por su situación económica, pudiera haber aceptado transportar mercancías ilícitas. Pero dichas circunstancias, afirman, no legitiman una acción letal como la que denuncia su familia. Como respuesta, el presidente colombiano habría promovido la conformación de una comisión especial de abogados para examinar lo que califica como posibles crímenes cometidos en el Caribe.

De acuerdo con el procedimiento del sistema interamericano, si la CIDH admite la petición, podría requerir al Estado involucrado que abra una investigación, adopte medidas para evitar nuevas víctimas y ofrezca reparaciones a los familiares. Kovalik indicó que, aunque esta es hasta ahora la primera denuncia formal por estos ataques, confía en que muchas más seguirán su camino hacia instancias internacionales.

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